Se van los sacaplata del caso Iguala

Casi 10 años después de que lo trajo Emilio Álvarez Icaza para sacar millones del erario haciendo grilla barata, se va el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que vino a investigar el Caso Iguala, y sólo lo enredó.

Su gran hallazgo fue lo que se supo siempre: que los 43 jóvenes no están vivos. ¿Por qué se va? Porque este gobierno, a diferencia del de Peña, no les hizo caso ni los mantuvo con el dinero que mejor dedica a las becas para sus votantes.

Del millón de dólares semestrales que cobraba el GIEI, cada experto ganaba 48 mil dólares mensuales, viáticos, transporte terrestre y aéreo, gasolina, teléfonos.

Pero a la actual la administración no pudo saquearla: sólo recibió un pago de 600 mil dólares el 29 de enero de 2019, y nunca fue tomado en cuenta, porque acusaba del crimen básicamente al Ejército. Y, para la 4T, el Ejército es su sostén.

Aunque mientras lo dejaron trabajar, en el gobierno de Peña, su labor resultó desastrosa:

1- En su informe septiembre 2015 (página 3459) basó sus recomendaciones en buscar muertos a los 43 estudiantes en hornos crematorios y fosas clandestinas.

2.- Después generó expectativas de que los jóvenes vivían: “No hay evidencia de que en el basurero de Cocula fueron incendiaron 43 cuerpos”.

3.- Jamás se preocupó por entrevistar a alguno de los 120 aprehendidos por su vinculación con el crimen.

Pero, ¿Quiénes fueron los integrantes del GIEI?

1.- El español Carlos Beristain. Venía de ser señalado de exagerar un derrame petrolero en Ecuador, y participar en una estafa de 10 millones de dólares ideada por el abogado Steven Donziger, según dictaminó el juez Lewis Kaplan, de la Corte de Distrito de Nueva York.

2.- La colombiana Ángela Buitrago. Como fiscal de su país, fue acusada de fabricar testimonios para inculpar por desaparición forzada a un coronel que fue absuelto, y acabó demandándola judicialmente por falsear declaraciones.

3.- La guatemalteca Claudia Paz y Paz. Como fiscal de su país, fue acusada por otra ex fiscal de presionarla para dar trato preferencial, y de revocar órdenes de aprehensión contra guerrilleros. La buscan por “abuso de autoridad, tortura y usurpación de atribuciones”.

4.- El chileno Francisco Cox. Mientras cobraba aquí 48 mil dólares mensuales, dobleteaba sin dedicarse de tiempo completo al Caso Iguala, viajando seguido a Uganda para investigar casos relacionados con la guerra étnica en África.

Total, y este gobierno afirma lo mismo que el anterior: que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan, por el Cártel Guerreros Unidos al confundirlos con miembros de otro cártel.

Y Guerrero sigue gobernado por la izquierda.

Y en las manos del crimen organizado.