La ministra Piña Hernández, quien dicho sea de paso es la primera mujer en la historia de nuestro país en presidir la SCJN, está muy consciente del momento histórico que le está tocando vivir como figura preponderante en la vida institucional
* Ya es tiempo de que en Palacio Nacional entiendan y respeten la división de poderes
* Los organismos autónomos como la SCJN permiten que haya paz social en el país
* El Poder Judicial no tiene porque someterse al Ejecutivo y al Legislativo
EL BOMBARDEO A LAS INSTITUCIONES.- Desde su llegada a la Presidencia, el 1º de diciembre de 2018, Andrés López Obrador ha mantenido un constante y permanente acoso a los organismos autónomos del país. Un día sí y otro también, aunque sin mostrar pruebas fidedignas de sus dichos, el tabasqueño ha señalado y ha acusado a entes como el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Federal de Competencia (COFECE), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre muchas más, de ser instituciones de defensa de la política neoliberal dedicadas al pillaje y que algunas incluso han facilitado la privatización y el despojo de los bienes nacionales. Pero, insisto, al día de hoy el Presidente no ha presentado una sola prueba tangible y concreta que demuestre y compruebe lo que prácticamente vocifera a diario desde sus conferencias mañaneras. Y su linchamiento verbal, el cual ha ido escalando a grado tal que incluso en estos momentos uno de los tres Poderes de la Unión, el Judicial, encabezado desde el 2 de enero por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, está convertido en su principal objetivo para detonar y demoler a uno de los últimos reductos autónomos que aún nos quedan de pie en México. Y todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se niega a someterse a los designios y caprichos de Palacio Nacional.
JUSTICIA PARA TODOS LOS MEXICANOS.- Siendo una una mujer de trayectoria personal y profesional impecable, la ministra Piña Hernández, quien dicho sea de paso es la primera mujer en la historia de nuestro país en presidir la SCJN, está muy consciente del momento histórico que le está tocando vivir como figura preponderante en la vida institucional del México actual. Sabe que los juzgadores tienen por mandato constitucional hacer valer nuestra Constitución y, por ende, se reconoce a sí misma y también a sus colegas, como los legítimos guardianes de la Constitución, lo cual representa una gigantesca responsabilidad. Así las cosas, la señora Norma Lucía ha aceptado con seriedad y valentía la encomienda que le hemos conferido todos los mexicanos, por lo que tiene y debe de actuar con responsabilidad y prudencia, haciendo caso omiso a los ataques, a los insultos y a las majaderías teledirigidas desde Palacio Nacional. Sabe que el Poder Judicial Federal es uno de los pilares institucionales más importantes del país y desde esa trinchera el compromiso y el quehacer diarios se tienen que afrontar con honestidad, con hondradez, con trabajo de excelencia y con total transparencia; porque la complejísima labor de juzgar con la Constitución en la mano siempre tiene que estar apegada a los derechos humanos más elementales y para eso se requiere de una total independencia, le guste o no al Presidente López Obrador.
MISIÓN Y COMPROMISO.- Sin dudas ni titubeos, la ministra presidenta Piña Hernández ha trabajado toda su vida para los mexicanos y al llegar a una posición tan preponderante como lo es encabezar la SCJN y todo el Poder Judicial, sabe de la trascendencia de actuar y proceder con total independencia, dignidad, coherencia, excelencia y respetabilidad porque todos los mexicanos que acuden a la Judicatura Federal exigen y demandan respuestas eficaces y efectivas a las problemáticas que enfrentan. Por eso la Ley y la justicia se deben aplicar desde una visión totalmente institucional y no a caprichos absolutistas. Ese es el reto diario que afrontan la Corte y los 11 ministros de su Primera Sala, pues ellos son la cara más visible de las más de 50 mil personas servidoras públicas que trabajan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional comprometidos con la Constitución, las leyes y la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Se trata de una responsabilidad que recae en todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas federales que son su esfuerzo diario y colectivo, a través de los juzgados y tribunales, reciben certezas y protección. La justicia federal está presente en todo el país y ésta no se detiene, a pesar de los constantes ataques, insultos, desprecios y menosprecios presidenciales. Por lo tanto, la división de poderes tiene que ser entendida y respetada por todos.
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