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Adelantada, más por las dinámicas generadas desde Palacio Nacional que por la necesidad de frustrar una algarada, la definición del candidato presidencial de Morena es un espejismo.

La legislación electoral vigente marca un cronograma que arranca dentro de tres meses y establece el inicio de las precampañas hasta diciembre próximo. Pero el partido oficialista —si no lo frena el INE— se enfrascará en un proceso interno para seleccionar al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Anticipada, la selección de ese personaje deberá apegarse a las normas estatutarias, so pena de quedar anulada por un medio de impugnación interpuesto ante la autoridad jurisdiccional.

Los aspirantes, por el contrario, emplazaron a la dirigencia partidista a precisar al instrumento que identificará “la propuesta” para la candidatura presidencial del 2024 y las preguntas que definirán al mejor posicionado.

El consejo nacional de Morena aprobó, por unanimidad, la ruta crítica para los próximos tres meses. Los cuatro aspirantes —una encuesta nacional de evaluación. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum— deberán inscribirse hasta que hayan renunciados a sus cargos y podrán recorrer el país entre el 19 de junio y el 27 de agosto. Los debates quedaron prohibidos. Y más, los contactos con medios “reaccionarios” e intereses ajenos al movimiento.

El artículo 44 del estatuto partidista estipula las bases y principios para seleccionar a los candidatos morenistas a cargos de representación popular. La encuesta, la insaculación y la elección —por voto universal, directo y secreto— son los métodos contemplados, aunque aplican para distintos escenarios.

El segundo párrafo del inciso de ese artículo dice textualmente: “En el caso de la postulación de la candidatura a la Presidencia de la República, el método de selección será por encuestas, en términos del párrafo anterior y con la participación del Consejo Nacional, de conformidad con la convocatoria que emita el CEN a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones”.

El acuerdo del Consejo Nacional morenista, avalado por los seis aspirantes y los 21 gobernadores, nunca aludió a los documentos básicos.

El mayor disenso entre los aspirantes y la dirigencia morenista giraba en torno a la encuesta, cuya realización —de acuerdo al estatuto— es potestad única del comité de encuestas y que actuará como coadyuvante de la Comisión Nacional de Elecciones.

El Consejo Nacional autorizó que cada uno de los aspirantes proponga dos casas encuestadoras que coadyuvarán al levantamiento del cuestionario, en un proceso inédito, por intrincado y poco práctico.

La encuesta será diseñada y aplicada por la Comisión de Encuestas, que se apoyará en cuatro firmas demoscópicas. El senador Monreal Ávila había anticipado que no se inscribiría si se trataba de una sola medición, mientras que Marcelo Ebrard insistió en la aplicación de una sola pregunta, lo que quedó descartado.

El tamaño de la muestra no quedó definido; tampoco cuántas preguntas serán y si el puntaje que será asignado a cada reactivo; aunque levantamiento ocurrirá la última semana de agosto. El ganador será anunciado el 6 de septiembre.