Petate del muerto el “juicio político”

Aunque matizó lo que pareció amenaza, el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, atizó la guerra de la 4T contra el Poder Judicial al recordar que el Congreso está facultado para someter a juicio político a los ministros de la Suprema Corte.

“Nunca amagué que eso se haría, son facultades”, aclaró, mas por desgracia profirió también que los ministros constituyen “una élite, una casta de privilegiados”.

¡Sopas!

Así como la Corte, explicó, “asumió facultades de control parlamentario invalidando normas, también el Congreso tiene facultades de control sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el caso de los ministros, podríamos agotar las comparecencias y otro tipo de procedimientos…”.

Pero tranquilizó:

“No deben asustarse los defensores a ultranza de la Corte…”.

Sin escatimar injurias mas por fortuna, el presidente López Obrador descartó lo del juicio político porque, según él, los ministros “se van a sentir mártires…”.

Animado por la embestida y el rijoso discurso presidencial, el titular morenista de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, exhuma sin sentido la iniciativa de reforma constitucional que presentó en marzo para que a ministros y magistrados los elija “el pueblo”.

Imprudente alarde porque AMLO planea lo mismo pero, como no cuenta con la mayoría calificada en el Congreso, enviará su propuesta el último mes de su mandato a la legislatura que surja en el 24, confiado en que tendrá las mayorías de ley en ambas cámaras.

¿Para qué presume el senador que eso ya lo hizo? ¿Ignora que por ahora su iniciativa ni se discutirá?

Tampoco, por cierto, habría pasado su estulta propuesta de asesinar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que presentó y retiró súbitamente la semana del madruguete en el Senado porque, asegura, contenía un “error técnico”, lo cual es una mentira contumaz: el problema fue la pifia conceptual de sugerir que la Función Pública hiciera suyas las tareas del Instituto.

Intentó justificarse:

“Hubo un error técnico, porque no debe de ser a la Función Pública, porque la Función Pública es un órgano central (gobierno). En mi calidad de administrador público debo de inscribirla orientada (sic) a un ente autónomo, y ese ente es la Auditoría Superior, porque es un ente que depende del Congreso de la Unión, asignado a la Cámara de Diputados…”.

O sea, una dependencia del Poder Legislativo, lo que entraña otro error conceptual, porque la autonomía constitucional del INAI significa que no depende de ninguna instancia de gobierno por ser un órgano independiente de algo superior: el Estado mexicano (como las universidades autónomas o el Banco de México).

La repulsión del oficialismo a la republicana división de poderes, a los contrapesos, a las autonomías y a la constitucionalidad se intensifica todos los días y sobran fanáticos, morenistas y morenianos, que afilan machetes para destazar lo que sea estorbe a la concentración del poder.