En cualquier caso, Esquivel Mossa es exalumna de la UNAM y el Comité de Ética —instaurado en agosto de 2019— no podría resolver en retroactiva
Elisa Speckman resulta familiar para recientes generaciones de bachilleres y universitarios, por sus dos volúmenes de historia, textos obligatorios en secundaria. En la UNAM, cumplirá dos años como directora del Instituto de Investigaciones Históricas y presidenta del Comité de Ética.
Especialista en normas y transgresiones, esta doctora en derecho (UNAM) e historia (Colmex) deberá dictaminar sobre el “problema ético” que representa el caso del presunto plagio de una tesis, atribuido a Yasmín Esquivel Mossa.
Nadie duda de la autoridad de Speckman Guerra, pero ni el Código de Ética ni los lineamientos del Comité —cuyos nueve integrantes fueron designados por el rector Enrique Graue Wiechers— permiten que cumplan con la exigencia de un sector de la élite política y judicial, para retirar su título a la ministra. A lo mucho, esa instancia podría adoptar “una determinación razonada, de naturaleza tecno-académica”.
Y nada más. Esquivel Mossa recibió un emplazamiento —firmado por la presidenta del Comité de Ética— para presentar documentos y alegatos que prueben su dicho, de ser la parte agraviada. Un procedimiento “notoriamente arbitrario”, a juicio de Alejandro Romano Rascón, quien ayer en su representación presentó 18 pruebas técnicas, científicas y testimoniales.
La ministra desde el primer momento ha asegurado que es la autora original de la obra y que la comenzó a escribir desde diciembre de 1985. Se han integrado en el proceso los testimoniales de la asesora Martha Rodríguez que reconoce que la funcionaria pública es quién escribió primera la tesis, e inclusive la declaración de Edgar Báez que ya reconoció ante un notario público, además de un audio y video, que él tomó algunas referencias de la tesis de Esquivel Mossa.
En cualquier caso, Esquivel Mossa es exalumna de la UNAM y el Comité de Ética —instaurado en agosto de 2019— no podría resolver en retroactiva.
La ministra fue requerida para comparecer ante el Comité de Ética, por primera vez, el pasado 13 de febrero. Lo hizo a través del abogado Romano Rascón y hasta el día siguiente —Día de la Amistad— pudo acceder al expediente. Entonces decidió solicitar las medidas cautelares concedidas por un juez.
La ministra decidió no litigar su caso en los medios, pero la vía jurídica abrió otro frente: una tentativa de censura a la UNAM materializada con la suspensión provisional ante lo que consideró que son “actos arbitrarios”.
El amparo —explicó el abogado— es para conocer la legalidad del caso y saber cuáles son los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la UNAM debido a que no sabe cuál es su objetivo, cómo está compuesto y, sobre todo, quién interpuso la denuncia.
Mientras, se busca que no se divulgue el proceso hasta que este no hayan concluido las investigaciones sobre el caso de la tesis, para cuidar la presunción de inocencia. “Es defensa del honor, para no ser linchados, para que no se atente contra su buen nombre, para que no se destruya su reputación”, insistió el representante de la ministra.
Efectos secundarios
MANIOBRAS. Inhabilitada, la plataforma electrónica para que los proveedores del servicio integral de limpieza puedan solicitar información sobre la convocatoria IA-20-411-020000999-N-3-2023. La Secretaría del Bienestar lanzó una invitación restringida y en ese gremio se habla de favoritismo a las empresas ligadas al Rey de la Limpieza. En el IPN se encuentra en juego un contrato que rondaría los 350 millones de pesos que tampoco se ha apegado al Contrato Marco establecido por la Secretaría de Hacienda. El proceso IA-11-B00-011B000001-N-90-2023 impuso “requisitos excesivos” a los oferentes, entre ellos constancias de capacitación expedidas por un ente externo a la Secretaría del Trabajo y comprobar la inscripción de 3,500 trabajadores en el IMSS durante 2022.
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