ESSA, ¿última oportunidad?

Hace dos meses, Raquel Buenrostro tomó las riendas de la Secretaría de Economía. Antes, tuvo que desahogar un cúmulo de expedientes en el SAT que involucraban a los llamados “grandes contribuyentes”, pero también a media docena de entidades estatales, en la disyuntiva de depurarlas… o eliminarlas del organigrama gubernamental.

El rescate de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural era obligado, ante su debilidad institucional y la captura del financiamiento al agro, por parte de los intermediarios financieros y las organizaciones campesinas vinculadas a los partidos políticos.

La limpia de Exportadora de Sal es una tarea añeja, que estuvo sucesivamente a cargo de Antonio Avilés Rocha y la entonces titular de Economía, Graciela Márquez, y posteriormente a Gregorio Cavazos, designado por Tatiana Clouthier.

Sin importar las consecuencias, era prioritario poner orden en las finanzas de esa empresa paraestatal, de la que Mitsubishi Corporation es copropietaria, al 50%. En esa etapa del sexenio, Márquez ordenó un primer diagnóstico al entonces subsecretario de Minería, Francisco Quiroga; pero Avilés Rocha quedó directamente encargado de cumplir con la instrucción presidencial, quien buscó evidencias sobre los adeudos fiscales y el achatarramiento de la capacidad instalada en los informes de la Auditoría Superior de la Federación.

Su gestión terminó abruptamente, cuando Clouthier llegó a Economía en lugar de Márquez y fue retirado del cargo. La flamante Secretaría recibió sendas carpetas sobre el fraude sistemático en la salinera. Las pesquisas estaban concentradas en un periodo de ocho años (2008-2016) aunque desde 1996 hasta el 2020 inclusive, surgieron pruebas sobre hechos de corrupción y defraudación fiscal detectados por la UIF de Hacienda y que llevaron al SAT a congelar las cuentas bancarias de la empresa.

La salida de Clouthier frenó la operación limpieza, que había apuntado a la revisión del contrato marco con Mitsubishi, que concentra las compras de la producción de ESSA casi en exclusiva.

Al llegar a Economía, Raquel Buenrostro ya no encontró a Cavazos en ESSA. Desde 2015, ESSA ha tenido siete directores generales. En lo que va de la actual administración van tres. Raúl Franco Morones fue ratificado hace nueve meses, en sustitución de Cavazos. Ambos fueron designados por la entonces secretaria Tatiana Clouhtier, al igual que Raúl Xavier González Valdés —exdelegado de Profepa en Coahuila y expresidente del Congreso de aquella entidad—, quien permanece al frente de la unidad de Administración y Finanzas. Ambos concretaron la adquisición de una barcaza seminueva, que apenas hace dos semanas llegó de Mazatlán a la Isla de Cedros.

En estos siete años, la producción de la salinera mexicana ha sufrido cíclicos decrementos —salvo en 2018— hasta el 2021, cuando produjo 6.2 millones de toneladas métricas. Los embarques de sal industrial hacia Japón, en sentido inverso, pasarán de 5.4 millones de 2020 a 7.5 millones al cierre de este año fiscal.

Por primera ocasión, Buenrostro presidió el Consejo de Administración de ESSA, el pasado jueves 15 y su primera instrucción fue tajante: los directivos deben explicar a plenitud la política de precios. Y le impuso a la directiva un plazo perentorio para el cumplimiento de dicha petición, que hizo extensiva a los representantes de Mitsubishi Corporation.

Efectos secundarios
DIVIDIDOS. Los 115 millones de dólares generados por el arrendamiento de una plataforma sumergible de compresión de gas firmado por Pemex Exploración y Producción con el consorcio formado por una Nuvoil, Coastal Contracts y Trese está en litigio tras de la cancelación del contrato de servicios y la disolución de la sociedad.

El financiamiento y la operación del proyecto avanzaron hasta finales del 2018, cuando un incendio obligó a la suspensión de los trabajos y la posterior cancelación del contrato, por el que la filial de Pemex había pagado 114 millones de dólares, transferidos al fideicomiso 2346 de CI Banco. El conflicto entre los socios llevó a ese consorcio a concurso mercantil y hace una semana, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil resolvieron a la institución financiera entregar los recursos y CI Banco tendría que obligarse a entregar el dinero del fideicomiso ya que las últimas sentencias han favorecido al empresario Ricardo Silva, de Trese, en perjuicio de Coastal Contracts y Nuvoil.

MAÑOSOS. Faltan menos de 72 horas para que se conozca el fallo del contrato por los servicios de limpieza en la sede central y las delegaciones de la FGR en el interior de la República. Nuevos competidores, pero los mismos vicios y los reiterados intentos por sorprender a los funcionarios responsables de llevar este procedimiento con documentación presuntamente apócrifa, incompleta o errónea.