Hay un conflicto que afecta a muchísimos chiapanecos que no pueden obtener su titulación debido al litigio familiar sobre la propiedad del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas
Hace ya algún tiempo en este espacio se habló de un problema grave que se vive en Chiapas.
Hay un conflicto que afecta a muchísimos chiapanecos que no pueden obtener su titulación debido al litigio familiar sobre la propiedad del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, en el cual un político local, Emilio Salazar (ex diputado federal del Partido Verde), utiliza sus influencias para manipular al Poder Judicial en su favor.
Un ejemplo de la corrupción que es práctica común en el Poder Judicial, que hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado, es que el funcionario encargado de ver el litigio de propiedad es el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Adrián Alberto Sánchez Cervantes, quien está legalmente impedido para conocer los juicios ordinarios civiles (números 154/2022 y 156/2022) por diversos motivos:
1. Fue designado consejero electoral por Emilio Enrique Salazar Farías cuando éste fue diputado.
2. Formaron parte de los mismos grupos de poder de los gobiernos del Partido Verde.
3. Adrián Alberto Sánchez Cervantes fue empleado de Emilio Enrique Salazar Farías en la UPSUM.
4. Adrián Alberto Sánchez Cervantes se ha conducido de manera inusualmente parcial e ilegal en los juicios ordinarios civiles 154/2022 y 156/2022 en favor de Emilio Enrique Salazar Farías, dictando resoluciones ilícitas y entorpeciendo, incluso, la tramitación de las recusaciones citadas al rubro.
5. Existe una fuerte sospecha de que Adrián Alberto Sánchez Cervantes recibió dinero de Emilio Enrique Salazar Farías para resolver los asuntos de manera favorable a sus intereses que sostiene.
Y es que Emilio Salazar, es dueño de la UPSUM (Promotora de Investigación y Educación Superior del Sureste, Sociedad Civil), y se ostenta como dueño del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas; pero anda cobrándole favor de que como diputado local por el PVEM fue uno de los legisladores que cabildearon y apoyaron la la designación de elhou juez Adrián Alberto Sánchez Cervantes, como Consejero y Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Posteriormente Sánchez Cervantes fue designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y la información pública del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas consta la relación laboral que ha tenido con Emilio Enrique Salazar Farías.
Es más, Adrián Alberto Sánchez Cervantes ha sido docente en la “Universidad Salazar” (Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez), así como en la UPSUM (Promotora de Investigación y Educación Superior del Sureste, Sociedad Civil).
Pero a pesar de todas estas evidencias Sánchez Cervantes no se ha excusado de conocer y juzgar el litigio y se presume que con la complicidad de la presidencia del tribunal superior local se mantiene en dicho juzgado a pesar de que hubo una readscripción general de todos jueces en el estado.
A ver cómo se resuelve este litigio que tiene en vilo a cientos y quizá cientos de estresados universitarios chiapanecos que no pueden oficializar la titulación que da constancia de sus estudios debido a que el Poder Judicial está corroído por la corrupción y el tráfico de influencias que un vez y otra también ha exhibido el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras.
Ojalá no se trate de que haya un manto de impunidad que cubra al ex diputado Emilio Salazar debido a que forma parte de un partido que es aliado de Morena y el Presidente como es el Verde Ecologista de México.
Minuto a minuto
