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aciendo abominable trío con los protofascistas Donald Trump y Jair Bolsonaro en la descalificación de las autoridades electorales que reconocieron sin chistar las votaciones en que ganaron en sus países, Andrés Manuel López Obrador cometió la imprudencia de proferir que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “da pena ajena”.

En su obsesión por demoler organismos que supone inventados por el neoliberalismo corruptor y sobre sus ruinas imponer los que se acoplen a su ansiada “cuarta transformación”, desde Palacio insiste en polarizar las opiniones que en Estados Unidos y Brasil partieron por la mitad a sus sociedades, con las oficialistas queriendo seducir a los militares.

Ayer volvió a decir que con su iniciativa de reforma constitucional no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral, sino que éste “ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros, gente sin principios, sin vocación democrática y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral…”.

¿No acaso esos consejeros y magistrados antidemocráticos, corruptos, sin principios ni vocación democrática son los mismos que organizaron, calificaron y reconocieron los procesos que explican la innegable alternancia política que vive México desde hace 25 años, incluido los avasalladores triunfos de Morena?

El embate contra el INE incluye el desaseo de proclamar que se acabe con las diputaciones y senadurías plurinominales, pero la iniciativa dice lo contrario (elimina el voto directo).

Si todo es perfectible en la cosa pública, son tantas las instituciones autónomas y de gobierno que requieren cirugía mayor que lo mejor por el momento sería no tocar las electorales, mientras otras áreas requieren tratamientos de emergencia, entre otras: la desastrosa “estrategia” contra la criminalidad, los degradados servicios de salud, el irresponsable desabasto de medicamentos, el abandono de la niñez más vulnerable con el ahogo de las estancias infantiles, la educación básica facciosa, el retraso de 15 años en ciberseguridad, la perversa conversión de la CNDH en golpeadora y alcahueta del gobierno, la vergonzosa y onerosa baja calificación en seguridad aérea o la criminal ausencia de agujas en los cruces del ferrocarril.

Pero en la división de poderes el INE no es contraparte (como lo debieran ser el Congreso y la Suprema Corte) ni “adversario” como los partidos opositores a Morena, sino un árbitro electoral autónomo.

¿Por qué el empeño en dinamitarlo cuando ninguno de los 330 comicios que ha organizado ha derivado en conflicto poselectoral? Históricamente, las reformas políticas se dan por exigencia de los adversarios del partido gobernante pero en México es desde la Presidencia que se necea con calumniarlo.

¿Por qué? La respuesta es obvia: para que a más de la mitad del juego sexenal, el lópezobradorismo se apropie del estadio, el arbitraje, las reglas, el boletaje, la reventa, el público y desde luego las chelas…