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Aunque sirve saber lo que piensa la ciudadanía de los organismos públicos y sea encomiable que éstos hagan encuestas de opinión sobre sí mismos, qué bueno que al SAT no se le ha ocurrido indagar si los contribuyentes quieren o no pagar impuestos por lo previsible de la respuesta mayoritaria. La analogía viene a cuento por la medición que el Instituto Nacional Electoral hizo en septiembre para conocer qué porcentaje de 400 consultados apoyaba entonces la propuesta presidencial de que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos “por el pueblo”.

Según la principal de La Jornada de ayer, “78 por ciento se mostró de acuerdo en que consejeros y magistrados sean elegidos mediante voto popular…”.

Quienes creen la tontería de que “el pueblo nunca se equivoca” debieran tomar en cuenta la histórica votación democrática de 1933 que llevó al poder a Hitler en Alemania; recordar que hay comunidades populares (rurales y urbanas) en México donde “el pueblo” lincha a seres humanos y a las que inclusive policías y militares evitan incursionar, o lugares de usos y costumbres donde las mujeres son impedidas de ejercer sus derechos políticos y las niñas son dadas “en matrimonio” a cambio de borregos y gallinas.

El que consejeros y magistrados electorales sean elegidos “por el pueblo” es tan insensato que los convertiría en una risible variante (no para legislar, sino organizar comicios y consultas) de lo que son los diputados estatales y federales: “representantes populares”.

Se sugiere que los machuchones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propongan cada uno 20 candidatos. De prosperar en estos meses la gandallesca iniciativa, el resultado sería que Andrés Manuel López Obrador, con sus mayorías de diputados y senadores, se apropie del Instituto y del Tribunal.

No se ha dicho de dónde saldrán los prospectos, pero supongo que los aspirantes podrían promoverse. Actualmente, sin embargo, los interesados cargos de representación tienen la posibilidad de realizar campañas que organizan los partidos financiados con el dinero de la sociedad que reciben como “prerrogativa”, y de su libre elección se responsabiliza el INE.

Así las cosas, ¿quién diablos organizará las campañas de los imaginarios futuros consejeros y magistrados electorales?

¿Quién sufragará los gastos de las campañas para que aquellos 60 visiten las principales localidades del país? Con la encuesta que levantó, pareciera que el propio INE se disparó a los pies dada la embestida en su contra que el cuatroteísmo emprendió desde hace cuatro años y que se ha recrudecido en estos días.

Por fortuna, ya desde la “fotografía” de hace dos meses, según La Jornada, “en el apartado evaluación institucional, 67 por ciento confía mucho o regular en el INE; 56 por ciento cuenta con una opinión positiva y 65 por ciento considera que el INE tiene un buen desempeño”. Y ante los nuevos ataques, hoy por hoy, la confianza en el instituto es mayor…