En el Poder Judicial Federal los grupos históricamente excluidos son una prioridad. En los últimos cuatro años hemos adoptado medidas inéditas para consolidar la igualdad de género
Algunas personas señalan que existe “discriminación inversa” cuando adoptamos medidas para emparejar la cancha en favor de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual o las personas indígenas.
Afirman que los espacios deben ocuparlos quienes cuenten con las “aptitudes necesarias”, con independencia de su identidad. Reclaman que los grupos vulnerables no son los únicos que enfrentan desventajas en la sociedad; que los hombres blancos, por ejemplo, también padecen discriminación, sobre todo a costa de los avances en materia de igualdad sustantiva de los últimos años.
Lo cierto es que la discriminación inversa no existe. Aunque existen estereotipos sobre las personas heterosexuales o con recursos económicos, en ningún caso se equiparan a la discriminación estructural que padecen los grupos históricamente excluidos en nuestro país. Afirmar lo contrario, es negar las dinámicas de poder y privilegio que imperan en nuestra sociedad, y que mantienen una ciudadanía de segunda clase para muchos en función de su género, condición social, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, entre otros.
Por su naturaleza, la discriminación se origina desde el privilegio: proviene de los poderosos hacia los vulnerables, de las élites hacia los grupos históricamente oprimidos. En tal contexto, las personas y grupos vulnerables nunca han ocupado una posición de poder. Nunca han definido los derechos de las élites, nunca han limitado sus oportunidades y negado su existencia. En una sociedad dominada por ciertos grupos en virtud de su apellido, su color de piel, su preferencia sexual o su capital económico, la discriminación inversa es simplemente un mito.
Por ello, hablar de discriminación inversa carece de sentido. En nuestro país, como en todas partes del mundo, la discriminación es una realidad medible y severa que afecta exclusivamente a las personas más vulnerables de la sociedad. Es un flagelo que erige barreras infranqueables para acceder a un trabajo digno, a oportunidades educativas de calidad, a servicios médicos adecuados y al ejercicio pleno de los derechos humanos.
Así, estas demandas son desinformadas, y en muchos casos buscan desalentar las acciones que son indispensables para nivelar el terreno y atender las causas profundas de la desigualdad.
En el Poder Judicial Federal los grupos históricamente excluidos son una prioridad. En los últimos cuatro años hemos adoptado medidas inéditas para consolidar la igualdad de género.
Implementamos acciones afirmativas para que las mujeres participen en los altos cargos de la judicatura con concursos exclusivos para el cargo de juezas de distrito y magistradas de circuito. Combatimos el acoso y el hostigamiento sexual, con áreas especializadas en violencia de género. Establecimos licencias de paternidad de tres meses y adoptamos medidas para conciliar la vida laboral y familiar.
También adoptamos una política de inclusión para personas con discapacidad en la Suprema Corte, y actualizamos protocolos para juzgar con perspectiva de derechos humanos, particularmente en los casos de mujeres, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, infancia y personas migrantes.
Desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública brindamos asesoría y representación jurídica gratuita en todo el país, para que la justicia esté al alcance de todas las personas. Hoy hemos logrado la liberación de casi 41 mil personas —en todos los casos personas pobres, encarceladas por no tener una defensa adecuada.
Pero además, hemos hecho un esfuerzo sin precedente por capacitar a todo el personal jurisdiccional con el conocimiento y las aptitudes que les permitan detectar y revertir las desigualdades profundas en los casos que resuelven. Con nuestras sentencias, hemos defendido una y otra vez los derechos de todas las personas, particularmente las históricamente discriminadas.
La protección de grupos vulnerables y su inclusión en todos los espacios de la vida pública no es discriminación. Es un imperativo moral y una obligación de todas las autoridades.
Seguiremos insistiendo en la creación de acciones afirmativas y otras medidas que permitan igualar la cancha. Seguiremos insistiendo en la defensa de los olvidados. Seguiremos insistiendo, hasta que la igualdad y la dignidad se hagan costumbre.
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