Pero según la defensa, de ese volumen, 208 mil 173 son esos registros financieros o comerciales de 76 entidades (22 individuales y 54 empresas) y ninguno tiene algo relacionado con narcotráfico
Pese a que chisporrotean revelaciones de los documentos robados al Ejército en el atraco cibernético más grande del mundo, para el presidente López Obrador tal hackeo es “un fracaso” y aventura que el perpetrador “Guacamaya se volvió zopilote”.
Mezclado con las erradas cuentas de homicidios que el secretario de Gobernación achaca a los gobernadores de la oposición, el guacamayazo expuso al secretario de la Defensa Nacional a recriminaciones tan airadas y sin precedente como las de ayer en el Senado. Entretanto se producen informaciones de irresistible interés periodístico, entre éstas lo que sus defensores están haciendo en Nueva York para sacar de la cárcel a quien, sin pruebas de por medio, es “culpable” y usado de punching-bag por el lopezobradorismo: Genaro García Luna.
Para lo que sigue conviene tomar en cuenta que, por el caso Brady vs. Maryland (1963), en Estados Unidos los fiscales tienen el deber de revelar la evidencia y material favorable a un acusado, y entregar aquella que sea útil para impugnar la credibilidad de un testigo de la fiscalía (el gobierno).
El reciente 14 de octubre, la defensa del ex secretario de Seguridad en el calderonato solicitó al juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Brian M. Cogan, ordene: a) que aunque su cliente no los cometió, de los seis cargos en su contra desestime cuatro, ya que los presuntos delitos están prescritos; b) que mandate a la fiscalía de NY (gobierno estadunidense) proporcione a los abogados del acusado los detalles de las pruebas que asegura tener, y c) otorgar la reparación adicional que ese Tribunal considere justa y apropiada.
Pidió también a la fiscalía proporcionar los datos precisos de los cargos y los materiales que favorecen al ex funcionario y que no le han entregado.
El cargo por conspiración de dieciocho años (se remonta a 2001) contiene poco o ningún detalle sobre los delitos que supuestamente cometió García Luna. Sin esa información, la defensa no puede prepararse adecuadamente para el juicio y evitar sorpresas en el mismo.
Señala que la fiscalía ha presentado montañas de documentos y materiales con poca o ninguna orientación sobre lo que pudiera ser relevante, aunque repetidamente ha declarado que las pruebas están en los registros financieros entregados a la defensa, como parte de 14 entregas que contienen 1 millón 135 mil 199 páginas.
Pero según la defensa, de ese volumen, 208 mil 173 son esos registros financieros o comerciales de 76 entidades (22 individuales y 54 empresas) y ninguno tiene algo relacionado con narcotráfico.
Tanto los abogados como los expertos financieros que han consultado, en esos registros no hay algo que indique que García Luna recibió “millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa” mientras trabajaba en el gobierno.
El de México, por cierto, perdió en juicio de amparo la imputación de millones de dólares que le hizo Santiago Nieto, dizque mediante un esquema de contratación “ilegal” en instituciones públicas. Pero no por narcotráfico…
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