Ni en los reportes de las Fuerzas Armadas ni en el mapa de riesgo de las autoridades capitalinas figura el Sindicato Mexicano de Electricistas como un grupo beligerante, capaz de perpetrar una “interferencia ilícita”
Ni en los reportes de las Fuerzas Armadas ni en el mapa de riesgo de las autoridades capitalinas figura el Sindicato Mexicano de Electricistas como un grupo beligerante, capaz de perpetrar una “interferencia ilícita”.
El décimo tercer aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, empero, coincidiría con el escalamiento de las movilizaciones contra la actual directiva de la Comisión Federal de Electricidad y también del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, instancia que debe cumplir con la instrucción presidencial de cubrir la “compensación vitalicia por justicia social” para los extrabajadores de esa empresa paraestatal.
Afectados por la administración calderonista, los empleados de la extinta LyF del Centro estuvieron en las calles durante un lustro. El grupo mayoritario, encabezado por Martin Esparza, aceptó sentarse en la mesa de negociaciones que instrumentó el entonces secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
A regañadientes, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, armó el esquema financiero para cubrir liquidaciones y pensiones, a través de Agroasemex. Mientras, Navarrete acercó a Esparza con el doble objetivo de vencer las resistencias a la reforma energética y lograr la reactivación de las hidroeléctricas entregadas al SME como pago en especie de los pasivos laborales de quienes no se liquidaron en el 2009 y 2010.
Un bloque disidente —el Frente Amplio de Unidad, encabezado por Rosendo Flores Flores— mantuvo su rechazo a la reforma peñista. Sus integrantes son los beneficiarios del decreto presidencial del pasado 25 de agosto, aunque han amagado con “recuperar” las plantas que Esparza y la empresa Mota Engil operan en el Valle de México, además de las oficinas del INDEP, que encabeza Ernesto Prieto, al que acusaron de boicotear la compensación vitalicia.
Ayer, ambos bloques tomaron las calles para insistir en la reinserción de los afiliados al SME en la CFE. El bloque de Rosendo —con el respaldo de más de 10,000 personas— quiere que se regresen las hidroeléctricas en poder del SME a la nación. Más de 10,000 personas.
Respaldado por la Nueva Central de Trabajadores —donde participan la CTM, los Telefonistas, la CTC y la CROC—, Esparza ya presentó ante la Secretaría de Gobernación lo que denominó Propuesta B, para fortalecer a la CFE y avanzar en la reinserción laboral de sus representados. Pero insiste en que los grupos contrarios están integrados por personas que carecen de representatividad y usurpan la representación que los electricistas no les han conferido.
Efectos secundarios
CUENTA REGRESIVA. Las horas de Sí por México están contadas. Si hay un frente amplio opositor en el 2024 dependerá más de las cúpulas partidistas que de las OSC que buscan evitar la prolongación de la Cuarta Transformación, aunque para competir por la gubernatura del Estado de México en los comicios del año próximo, los dirigentes estatales del PRI y del PAN mantienen su palabra de ir aliados con la mejor opción y hacer el anuncio antes del 20 de noviembre. Del lado priista, la contienda tiene dos protagonistas —Alejandra Del Moral y Ana Lilia Herrera— y los resultados de las mediciones recientes resultan inapelables: dos tercios de los militantes de tricolor prefieren a la secretaria de Desarrollo Social como candidata.
¿IMPLICADOS? En plena pandemia, el secretario de la Contraloría del gobierno de la CDMX completó las indagatorias y dio vista a la fiscalía. La acción judicial contra Martín Adolfo Mejía Briones, exdirector general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la alcaldía Miguel Hidalgo durante la administración de Víctor Hugo Romo, es por el desvío de recursos. Pero otras denuncias sobre una trama —similar a la que se bautizó como “cartel inmobiliario” en la Benito Juárez— siguen su curso. Mejía Briones podría pasar de indiciado a testigo protegido…
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