Las autoridades abrieron una investigación contra Trump por llevarse documentos clasificados que ha polarizado más la política estadounidense
La investigación abierta sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca ha polarizado todavía más la política estadounidense cuando faltan menos de tres meses para unas elecciones de medio mandato que serán clave.
La vicepresidenta del país, Kamala Harris, calificó de “peligrosa” e “irresponsable” la postura de los republicanos, que han denunciado una persecución política detrás del registro ejecutado por el FBI el pasado lunes en la mansión de Trump en Florida.
En declaraciones a la prensa desde Oakland (California), Harris reivindicó que los agentes del FBI hacen “un trabajo muy importante” y condenó que los republicanos hayan asumido “una retórica que expone a las fuerzas del orden”.
Un hombre fue abatido el jueves al intentar entrar armado en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio), un incidente que los demócratas han vinculado a las críticas vertidas por los republicanos en contra de la actuación policial en casa de Trump.
El registro del FBI tuvo lugar el lunes en la mansión de Mar-a-Lago que tiene el expresidente en Florida, donde los agentes buscaban documentos clasificados que Trump se habría llevado ilegalmente al dejar el cargo.
La Casa Blanca sostiene que se trata de una investigación independiente llevada a cabo por el Departamento de Justicia y que el presidente, Joe Biden, se enteró por la prensa de la redada.
Pero los republicanos y el mismo Trump han denunciado una persecución política de cara a las elecciones intermedias de noviembre, en las que los demócratas podrían perder la mayoría en el Congreso.
Ante el revuelo generado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, pidió al juez que publicara la orden de registro de la mansión, algo que Trump no objetó.
En la orden se indica que al expresidente se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarle para ocupar cargos políticos.
Por su parte, el inventario de lo requisado por el FBI muestra que entre la documentación figuran veintiséis cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de “alto secreto” o “confidencial”.
Entre ellas aparece un documento bajo el título “presidente de Francia” y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.
La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el 5 de agosto, tres días antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro.
En dicha orden figura lo que el FBI podía requisar: cualquier documento o caja con marcas de “clasificado”, cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump.
También podían buscar cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.
Trump se defendió en su propia red social, Truth, al asegurar que “en primer lugar, todo estaba desclasificado. En segundo, no necesitaban ‘incautarse’ de nada. Lo podrían haber conseguido en cualquier momento, sin hacer política ni entrar en Mar-a-Lago. Todo estaba en un almacén seguro. (…) Lo único que tendrían que haber hecho era preguntar”.
Además acusó al expresidente Barack Obama (2009-2017) de haberse llevado también millones de documentos al dejar la Casa Blanca, algo que desmintió la Administración de Archivos Nacionales en un comunicado en el que afirmó que el exmandatario demócrata entregó la documentación tal y como establece la ley.
Con información de EFE
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