Lo más preocupante es la impunidad, manifiesta en una creciente violencia y en la ausencia de Estado de Derecho en amplias regiones del país
La base de toda autoridad es la Constitución, documento fundacional del Estado, que encarna el sentido republicano de la autoridad. Su espíritu se manifiesta a través de procedimientos, reglas y principios que están definidos y determinados por la ley. En una democracia no hay otro argumento que el de la legalidad en su origen y desempeño. Por lo mismo, no hay otra justicia que la legal.
Para una autoridad no existe el dilema de la ley o la justicia, porque no hay otra justicia que la legal.
No es poco lo que hemos alcanzado en las últimas tres décadas en términos de desarrollo político. Lo más relevante es la democracia electoral y las instituciones que se han creado para dar certeza, confiabilidad y veracidad al sufragio. Insuficiencias en todo régimen existen, al igual que diferencias e inconformidades, pero para ello también se han definido procedimientos, para que sean resueltas en términos de lo que la ley ordena.
A pesar de los avances innegables, es preocupante que la legalidad no esté presente en los valores de la sociedad y en las actitudes de muchas autoridades.
Lo más preocupante es la impunidad, manifiesta en una creciente violencia y en la ausencia de Estado de Derecho en amplias regiones del país.
La protesta de ley no es simple retórica, sino principio fundamental de desempeño: cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Las autoridades no tienen discrecionalidad respecto a hacer cumplir la ley. Es su obligación.
El monopolio de la fuerza legítima es sustento del estado de derecho. Por lo mismo, es inaceptable poner en un mismo plano la violencia criminal respecto a la obligación de los gobernantes de hacer valer la ley.
Esto no es licencia para un uso excesivo, irresponsable e indiscriminado de la fuerza pública.
La violencia se combate con la ley en la mano.
El exceso o el agravio a los derechos humanos en su aplicación también está sancionado por la ley. La legalidad es la mejor garantía para la justicia y para el combate al crimen. Lo peor es ceder en su vigencia, lo que, además de ilegal, deja expuesta a la sociedad ante la delincuencia y compromete el sentido de autoridad en su responsabilidad principal, la de mantener la paz social y la vigencia de los derechos de las personas.
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