Marcas y derechos

La validez del Depósito Legal y el debido acatamiento de la Ley Federal de Derechos de Autor por las bibliotecas, fueron materia de las deliberaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tanto productores como autores de contenidos recurrieron al máximo tribunal para ampararse sobre el acceso de sus obras y publicaciones para consulta pública. Sin autorización expresa de los titulares de los derechos, determinaron los ministros de la Segunda Sala, las bibliotecas no podrán prestar los materiales.

En beneficio del sector creativo “se podrán implementar las medidas tecnológicas de protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos tales como cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor”.

Los criterios de la SCJN en estas materias y en la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual están a debate.

Antes de resolver sobre los amparos tramitados por más de 80 editoriales literarias, autores, compañías disqueras y productores de cine y televisión tramitaran amparos contra de la Ley General de Bibliotecas, los ministros de la Segunda Sala declararon inconstitucional —hace seis meses— la fracción primera del artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial por lo que las empresas mexicanas y extranjeras ya no pueden exigir la anulación de los registros de marcas que otras personas hayan obtenido de manera ilegal.

Esta semana, el pleno de la SCJN, analizará y votará una contradicción de tesis sobre ese criterio, para definir si es correcto o rechaza la argumentación de los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Loretta Ortiz Ahlf, quienes consideran que al no quedar estipulado un plazo máximo para demandar la nulidad de registros obtenidos de forma ilegal se genera inseguridad jurídica.

En un oficio dirigido al pleno de la SCJN, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial advirtió que el último párrafo de la fracción primera del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial constituye una herramienta básica para garantizar el derecho sobre las marcas en México.

Mientras, ya ocurrieron los primeros casos en los que jueces y magistrados tribunales aplicaron esa consideración de inconstitucionalidad para desechar demandas de las trasnacionales SpaceX, de Elon Musk, y Formula One Licensing. Con base en el artículo 151 fracción primera de la Ley de la Propiedad Industrial, estas empresas buscaban anular la propiedad de sus marcas internacionales “Starlink” y “Fórmula 1” al empresario de Zacatecas José de Jesús Aguirre Campos y a la empresa Bardhal, respectivamente. Expertos advierten que vienen muchos casos más como estos y sostienen que la situación actual coloca al país en incumplimiento de tratados internacionales y genera inseguridad jurídica, justo lo que la Corte pretendía evitar en un principio.

EFECTOS SECUNDARIOS
¿COINCIDENCIAS? Higinio Martínez negó categóricamente tener entre sus sponsors a su excompañero de bancada y líder máximo de CATEM, Pedro Haces. Igualmente han rechazado nexos alguno con el capítulo mexiquense de Fuerza por México y su líder estatal, Ricardo Robledo. Pero en la cúpula morenista tienen otros datos, que revelarían apoyos sospechosos para el parlamentario, como los de Jorge Martínez, exyerno de Angélica Rivera, o Juan Collado Dot. Y para documentar estas versiones ha comenzado a circular profusamente una imagen que muestra al político texcocano con Haces —ambos con casacas beisboleras— y el diputado panista Enrique Vargas del Villar, prospecto para la candidatura aliancista por el gobierno del Estado de México. Higinio y el líder de la CATEM acudieron el pasado domingo a la presentación del movimiento por la Reconciliación de México, que encabeza Ricardo Monreal. Para los sectores radicales del partido guinda, esa cercanía resulta innegable… y peligrosa.