El Congreso de El Salvador, a petición del presidente Nayib Bukele, decretó un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales a los ciudadanos
El Salvador cumplió este domingo su segunda semana bajo régimen de excepción con más de 9 mil detenidos y la denuncia de Estados Unidos de la “criminalización” y “censura” a la prensa tras una reforma penal.
El Congreso de El Salvador, a petición del presidente Nayib Bukele, decretó un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales a los ciudadanos, incluida la defensa y la no intervención de las telecomunicaciones sin orden judicial.
Además del régimen de excepción, el Congreso aprobó, a propuesta de Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.
Estas medidas se adoptaron tras una escalada de violencia que se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo y marcó el día 26 de ese mes como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 asesinatos.
Bukele afirmó este domingo en Twitter que su llamada “guerra contra las pandillas” ha dejado “más de 9 mil pandilleros (detenidos) en solo 15 días”.
El sábado, Bukele señaló que se puede esperar que en estas detenciones de supuestos pandilleros haya un “error” del 1 % de personas sin vinculaciones con las pandillas.
Esta publicación se dio después de que usuarios de Twitter denunciaran detenciones de personas sin vinculación con las pandillas, incluidos los trabajadores de una cafetería.
En los últimos días, organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han reportado más de 100 denuncias de supuestas vulneraciones, principalmente de “detenciones arbitrarias” por las fuerzas de seguridad.
EE.UU. denuncia criminalización de la prensa
El pasado 5 de abril, el Congreso aprobó una reforma penal que dicta condenas de 10 a 15 años de cárcel por “cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas”.
El gremio de periodistas salvadoreños y organizaciones locales e internacionales señalaron que estas enmiendas, aprobadas sin ninguna consulta y discusión, son una “censura” y “mordaza”.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó este domingo su preocupación por la reforma y denunció que abre la puerta a la “criminalización” y “censura” del periodismo en el país.
El titular de Exteriores estadounidense aseguró que dicha enmienda “criminaliza el periodismo sobre ciertas actividades de las pandillas” y “da pie a intentos de censurar a los medios y prevenir las informaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público”.
También señaló que “ahora más que nunca, es esencial extraditar a los líderes pandilleros para que enfrenten la Justicia en los Estados Unidos”, en referencia a las solicitudes presentadas por su país al Estado salvadoreño.
Blinken publicó en Twitter: “condenamos el aumento de la violencia de pandillas y homicidios en El Salvador” e instó al Gobierno de El Salvador “a defender el debido proceso y proteger las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa, reunión pacífica y expresión”.
El presidente Bukele, quien en otras ocasiones se ha enfrentado en esta red social a funcionarios del Gobierno de Joe Biden, respondió.
“Tengo un amigo periodista, quiere acceder a Guantánamo para ejercer sus derechos de ‘libertad de prensa‘, y comprobar si los detenidos han disfrutado de sus ‘libertades civiles‘ y de un ‘debido proceso'”, publicó Bukele.
Agregó: “Tienes terroristas que te amenazan y nosotros tenemos terroristas que nos amenazan”.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.
Con información de EFE
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