July Raquel fue detenida por su supuesta responsabilidad en el asesinato de María Guadalupe Martínez, rectora de la Universidad Valladolid, en Veracruz
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra una mujer que fue víctima de tortura y abuso sexual tras ser detenida en la Ciudad de México por policías ministeriales.
July Raquel fue detenida en 2020 por su presunta responsabilidad en el asesinato de María Guadalupe Martínez, rectora de la Universidad Valladolid, quien murió en un inmueble ubicado a un costado de la institución.
Desde la detención, la familia de la joven de 29 años aseguró que la detención fue arbitraria y que trascendió que la detención se hizo para que cesara la exigencia de justicia.
Desde noviembre de 2020 la madre de Raquel presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En la queja se denuncia que la joven fue interceptada por dos vehículos color blanco de los que descendieron sujetos que llevaron a la mujer a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.
Posteriormente la mujer fue trasladada a Xalapa y en el camino fue golpeada por los policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente.
Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General de Veracruz, el médico no asentó las lesiones que presentaba y siguió siendo agredida. Supuestamente, el director de esa oficina la amenazó con dañar a su familia.
July Raquel permanece detenida en el penal Pacho Viejo con la medida de prisión preventiva.
La CNDH afirma en la recomendación que la Fiscalía estatal cometió tortura física, psicológica y sexual contra la víctima para que aceptara su supuesta responsabilidad en el asesinato.
De esta manera, se ordenó a gobierno veracruzano inscribir a Raquel al Registro Estatal de Víctimas para acceder a la reparación del daño y colaborar con las quejas y denuncias que se realicen.
Además se instruyó que se capacite al personal del penal en materia de derechos humanos.
Por su parte, la Fiscalía deberá reparar el daño y colaborar con las denuncias y quejas para deslindar responsabilidades.
Con información de López-Dóriga Digital
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