México vive recién otra ola de decenas de cadáveres lanzados a las calles para enviar el mensaje del poder criminal, ya sea ante bandas rivales o gobiernos municipales o estatales o de plano al gobierno federal
La realidad impone a Andrés Manuel López Obrador grandes retos. Uno de ellos se hace cada vez más presente y es el de la violencia criminal que se vive y extiende por todo el país y la necesidad que se construya una vía de pacificación para México tras décadas de muertos que ya se cuentan por miles producto de las luchas territoriales del crimen organizado y las fallidas estrategias para combatirlo.
México vive recién otra ola de decenas de cadáveres lanzados a las calles para enviar el mensaje del poder criminal, ya sea ante bandas rivales o gobiernos municipales o estatales o de plano al gobierno federal de la 4T para dejar en claro que son ellos los que mandan en esos territorios y que quien se atreva a desafilarlos lo pagará con la vida. Ahí están Zacatecas, Veracruz, Morelos, Guanajuato y demás estados para dar testimonio.
Pero el Presidente prometió pacificar México, lanzó el “abrazos no balazos”, dejó libre a Ovidio Guzmán tras haber sido capturado por el Ejército, abrazó a su abuela y felicitó a los narcos por “portarse bien” en las elecciones intermedias del año 2021. Pero ni así se detienen las masacres en México, ni los asesinatos de periodistas, ni las extorsiones, secuestros y cobro de derecho de piso en toda la República Mexicana.
Es evidente que la militarización del país, con la creación de la Guardia Nacional incluida, no ha sido ni suficiente ni eficaz para contener la violencia de los grupos criminales y las cifras oficiales dan cuenta de ello, pues López Obrador a penas a la mitad de su sexenio suma ya prácticamente el doble de los homicidios dolosos que se registraron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos.
Resulta que en todo el sexenio de Calderón y su “guerra frontal” contra el narco hubo 30 mil 572 muertos y en el sexenio de Peña fueron 31 mil 285 homicidios dolosos. Si los sumamos, en 12 años se registraron 61 mil 857 decesos frente a los casi 112 mil víctimas en los tres años que van del gobierno de AMLO, lo que significa que prácticamente en tan solo medio sexenio la 4T ha sumado el doble de muertes que en los dos sexenios anteriores sumados. ¡Una catástrofe!
Por eso es urgente que desde el gobierno y la sociedad se presenten ya los modelos institucionales para lograr la pacificación de México; qué pasa, como ocurrió en países como Colombia, por la aplicación de un modelo que convoque a los grupos criminales a someterse a los poderes del Estado y a renunciar a la generación de crimen y violencia.
Esto significa una reforma legal de alto calado que supera en mucho en trascendencia a las reformas eléctrica, electoral y de la propia Guardia Nacional y qué hay que exigirla ya a la Presidencia y al Congreso de la Unión, porque como van las cosas el sexenio de la 4T no va a alcanzar para pacificar México.
VUELTA A HOUSTON
Quien aconsejó a López Obrador pedir al periodista Carlos Loret de Mola que haga público cuánto gana y quien le paga le puso un búmeran en la mano al Presidente, pues es sabido que Loret trabaja en El Universal, W Radio y Latinus; medios cuyos propietarios son conocidos y en los que cualquiera puede emplearse legítimamente.
Una pregunta obligada ante esta petición presidencial es que el mandatario o su hijo mayor José Ramón López Beltrán informen cómo éste sostiene un millonario tren de vida en Houston luego de que en 2018 dijo que no sabía de que iba a vivir después que su padre resultó ganador de los comicios presidenciales. Y de paso que comparta la fórmula para en un par de años lograr vivir de lujo… ¿no?
VUELTA JAROCHA
Resulta que ya es un secreto a voces en Veracruz que Francisco Reyes Contreras, el juez de control que ve el caso del secretario técnico del Senado José Manuel del Río Virgen, trabaja a modo para la fiscalía del gobernador Cuitláhuac García y todos sus actos apuntan a entorpecer el proceso retrasando las audiencias y negando información a la justicia federal que está respondiendo a un recurso de amparo por la violación del debido proceso y los derechos humanos del funcionario cercano a Ricardo Monreal.
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