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Como se vio ayer en la Suprema Corte de Justicia, la democracia tiene preocupantes asegunes: la opinión de siete ministros de nada sirvió frente al opuesto criterio de los cuatro restantes al debatir, entre otros puntos, la constitucionalidad de la tramposa pregunta sobre la revocación de mandato que convierte en consulta de ratificación el inútil y caprichoso ejercicio.

Debiéndose resolver por un mínimo de ocho votos de los once integrantes del Pleno, el proyecto de sentencia que presentó Jorge Mario Pardo Rebolledo sobre la acción de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato (impugnada por 200 diputados de la oposición) fue rechazado por una evidente, pero legal minoría (lo que resuelvan ahí en ese tipo de recursos debe ser por “mayoría calificada”).

No es de extrañar que tres de los togados incorporados a la Corte por el Jefe del Poder Ejecutivo (Juan Luis González Alcántara, Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz) aprobaran la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Concebida como derecho ciudadano (a través de una petición colectiva debidamente regulada) la facultad de remover de sus cargos al gobernante (si así lo decide la mayoría de por lo menos 40 por ciento de personas registradas en el padrón electoral), a la revocación plasmada en la pregunta se le añadió, mañosamente, la segunda parte.

Con responder sí o no a la primera interrogante hasta “pérdida de la confianza”, el parche sobra, como bien argumentó el proyectista, y en el mismo sentido votaron seis de sus pares. No causa sorpresa que los tres ministros lopezobradoristas actuaran política y no jurídicamente.

Lo que llama la atención es que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, haya opinado también que se mantenga la caravanera y ociosa segunda parte de la pregunta.

Inusual en su robusta carrera, acreditada por la solidez habitual de sus argumentaciones, ayer cometió el error de apoyarse en una afirmación por completo falsa: Luego de subrayar que “la interpretación de los jueces constitucionales debe ser muy rígida, muy sólida, muy contundente con una cadena argumentativa”, que no tenía caso discutir “tecnicismos” y de recordar que 3.4 millones de ciudadanos quieren la consulta, cometió una pifia de fondo: “Estas firmas se hicieron con base en esta pregunta, esta pregunta es la que hizo que la gente reuniera las firmas. Me parece que no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino…”.

Premisa falsa, conclusión equivocada: En el formato de ley que el INE distribuyó para los firmantes únicamente se habla de la revocación por pérdida de confianza, sin incluir el remiendo que delata el innecesario y abusivo propósito de ratificar en su cargo al Presidente.