Bolsonaro es señalado de divulgar documentos secretos de la Policía como parte de su campaña de descrédito contra el actual sistema electrónico de votación
Un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó que el presidente Jair Bolsonaro comparezca ante la Policía Federal para prestar declaración dentro de una investigación por divulgar informes policiales secretos para desacreditar el sistema electoral.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó que el mandatario “comparezca” este viernes “a las 14:00 h local para prestar declaración personal en la sede de la Superintendencia Regional de la Policía Federal” de Brasilia.
Bolsonaro, que acumula varios frentes judiciales en el Supremo desde que asumió el poder, en 2019, es investigado en este caso por divulgar documentos secretos de la Policía dentro de su fracasada campaña de descrédito contra el actual sistema electrónico de votación.
El mandatario, pocos minutos después de hacerse pública la decisión del alto magistrado, no hizo ninguna referencia o mención del asunto durante la transmisión en vivo que realiza semanalmente a través de sus redes sociales y se prevé que sus abogados realicen una nueva maniobra para evitar su ida presencial ante la Policía.
De Moraes rechazó un recurso de la Abogacía del Estado, que solicitaba dispensar al jefe de Estado del interrogatorio de la Policía Federal.
Para justificar su decisión de obligarlo a comparecer, el juez recordó que el pasado 29 de noviembre dio a Bolsonaro la oportunidad de acordar dentro los 15 días siguientes “el lugar, el día y la hora” donde prestar declaración.
El gobernante, recuerda De Moraes en su dictamen, pidió un plazo adicional de 60 días alegando problemas de agenda.
Finalmente, el magistrado le dio como plazo máximo hasta el 28 de enero, pero entre medias la Abogacía del Estado presentó otro recurso pidiendo abortar el interrogatorio, lo que ahora fue rechazado.
Para De Moraes, “en una República, el investigado, sea quien sea, está normalmente sujeto al alcance de los poderes coercitivos del Estado necesarios” para “asegurar la fiabilidad” del proceso legal, lo que incluye “ser citado para un interrogatorio”.
En agosto pasado, Bolsonaro hizo públicos en sus redes sociales unos documentos de una investigación bajo secreto de sumario sobre un supuesto ataque hacker a los sistemas del Tribunal Superior Electoral (TSE) ocurrido en 2018.
Con ello, el líder ultraderechista pretendía sembrar sospechas y deslegitimar las urnas electrónicas que Brasil utiliza para contabilizar los votos en las elecciones desde 1996, pero que Bolsonaro considera, sin pruebas, una fuente de “pucherazos”.
Cuando De Moraes ordenó la apertura de una investigación contra el presidente por este asunto, lo relacionó con otro proceso que investiga la existencia de supuestas “milicias digitales” de ultraderecha que usan las redes para socavar la imagen de la democracia y en el cual también figura Bolsonaro como sospechoso.
Con información de EFE
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