Las ejecuciones fueron cometidas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de los derechos humanos
Un total de 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente en 2021, todos ellos ejecutados por motivos políticos, denunció una organización civil.
“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2021 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador es de 25 personas defensoras de derechos humanos”, precisó un informe el Comité Cerezo México.
Asimismo, la organización afirmó que dichas ejecuciones fueron cometidas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando.
Agregó que los perpetradores de los crímenes fueron agentes del Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.
La organización afirmó que la investigación es resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México desde el 2008.
Aclaró que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia, cometen una privación ilegítima de la vida.
“Por lo tanto, se define como un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado“, aseveró.
El informe contabilizó 7 ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca, 5 en Chiapas, 4 en Sonora.
En tanto, Morelos y Guerrero registraron 2 casos cada uno y en Veracruz, Campeche, Jalisco, Hidalgo y Colima se contabilizaron una por estado.
Mayoría murieron por defender su territorio
Entre las causas que defendían las personas asesinadas están principalmente el derecho al territorio (12 de ellos), cinco defendían derechos humanos relacionados a la vida digna y cuatro de las víctimas defendían derechos relacionados al medio ambiente.
Además, hubo dos víctimas de ejecución extrajudicial por apoyar el derecho a defender los derechos humanos y un caso de defensores del derecho a la libertad de expresión y de los derechos laborales.
En cuanto al porcentaje de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos por sexo, las mujeres representan un 12 por ciento, con 3 víctimas, mientras que el resto, 22 víctimas hombres, representan el 88 por ciento del total de los asesinados.
En nueve casos (el 32 por ciento) de las víctimas de ejecución extrajudicial se sabe que las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena y el 68 por ciento eran mestizas (19 casos).
Asimismo, expusieron que la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución sólo con respecto a la cifra de 41 casos perpetrados en el último año de Enrique Peña Nieto, pero presenta un alza de ocho casos respecto al primer y segundo año de gobierno de López Obrador.
Denunciaron que, actualmente, no existe una política homogénea a nivel federal, estatal y/o municipal respecto al uso de la represión política.
“Hay municipios y estados que continúan con el sistemático uso de las estrategias de represión contra las organizaciones sociales y pueblo en general que lucha por mejores condiciones de vida, por una vida digna y por el ejercicio de los derechos humanos”, indica el informe.
Entre estas estrategias destacaron el control social mediante el terror, la estrategia de represión política y la estrategia contrainsurgente.
Con información de EFE
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