La Comisión de Receso de la SCJN admitió la controversia de la presidencia de la República por la decisión del INE de aplazar la Revocación de Mandato
La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar el ejercicio de Revocación de Mandato.
Las ministras que suscriben (Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel), integrantes de la Comisión de Receso acuerdan: se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído”, se lee en la notificación publicada este lunes.
“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, se argumentó en el documento.
Apenas la semana pasada, la Suprema Corte ordenó al INE no posponer la consulta sobre la Revocación del Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La SCJN acordó admitir a trámite la controversia constitucional (…) promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral INE en el que determinó posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022”, explicó en su momento la SCJN en un comunicado.
La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa en la que, en la mitad de su presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o dimita, esto ha sido criticado por la oposición, por considerarla como propaganda política.
Con esto, se determina que el INE debe continuar con la “organización y el desarrollo” de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos.
El 17 de diciembre la autoridad electoral pospuso varias actividades relacionadas con la organización del referendo, que en principio se realizaría en abril, arguyendo que hacen falta más de mil 500 millones de pesos para poder instalar los 161 mil colegios electorales y la contratación de 32 mil 400 capacitadores.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, insistió entonces en que el organismo autónomo no cuenta con presupuesto suficiente para realizar la consulta, después de que el Congreso, con mayoría del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobara un recorte de cuatro mil 913 millones de pesos al ente electoral.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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