Francisco Ciscomani, consejero ciudadano del Inai, enfatizó que, pese al acuerdo, las Fuerzas Armadas son sujetos obligados de la Ley de Transparencia
El acuerdo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que considera de ‘seguridad nacional’ los megaproyectos de su Gobierno es “a todas luces” un acuerdo que va contra la transparencia y rendición de cuentas, sostuvo Francisco Ciscomani.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el consejero ciudadano del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) detalló los puntos en contra del documento.
“Este acuerdo puede traducirse en limitaciones al derecho de acceso a la información, incluso limitar la publicación de obligaciones de transparencia como son los contratos”, indicó.
Podría también ocasionar que no se documente el ejercicio de atribuciones cuando se contraten a empresas o se otorguen permisos.
Creemos que va en contra de la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento regulatorio. Aumenta la discrecionalidad gubernamental y seguramente esto va a estar en detrimento del estado de Derecho”, advirtió.
El consejero ciudadano descartó que aunque el Ejército esté a cargo las obras deban ser consideradas como de ‘seguridad nacional‘, pues explicó, las Fuerzas Armadas en su conjunto son sujetos obligados de la Ley de Transparencia.
Reconoció, sin embargo, que pueden evocar la causal de reserva por seguridad nacional siempre y cuando esté “debidamente justificada” a través de la demostración de un daño real con perjuicio significativo.
Pero, ¿qué daño podemos causar al Estado o a la Secretaría de la Defensa Nacional si damos a conocer a quién se contrata, cuánto cuestan las cosas?”, cuestionó Ciscomani.
El consejero ciudadano del Instituto Nacional de Transparencia aclaró que el acuerdo del presidente no puede tener el efecto de que la Sedena u otras instancias argumenten, de facto, la reserva de información sino que tendrán que seguir atendiendo solicitudes de información.
No se puede ir con la finta el Gobierno en el sentido de que va a clasificar todo a partir de esto. Las solicitudes van a seguir entrando y van a tener que ser resueltas en tiempo y forma, y revisadas en caso de que sean impugnadas por el Inai”, concluyó.
Con información de López-Dóriga Digital
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