Nombramientos engorrosos

A la brevedad, el INE deberá completar la designación de nuevos integrantes de los órganos electorales en la mitad de las entidades de la República mexicana. Y el Senado elegirá a 18 magistrados de tribunales electorales en 17 entidades federativas, ante la extinción del periodo de los funcionarios salientes.

Para cada magistratura vacante, en promedio, hay 15 aspirantes inscritos, mismos que fueron citados a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Para escuchar sus propuestas y evaluar sus capacidades, empero, hubo pocos legisladores. Los protocolos sanitarios obligaron a teleconferencias y provocaron problemas técnicos, como los que afrontó el panista Damián Zepeda, quien cumplió puntual con la cita, pero padeció un sistema caótico, como los aspirantes.

Y es que hubo un chat general, al que ingresaron los 200 candidatos y los senadores, donde escucharon las reglas de la comparecencia y fueron distribuidos a la sala que les correspondía. De las seis salas no hubo transmisión en vivo en la señal abierta del Canal del Congreso. El principio de transparencia y máxima publicidad quedó en mera promesa.

Una estuvo encabezada por el presidente de la Comisión, Julio Menchaca, y su colega petista, Joel Parra, quien abusó en el uso del micrófono. El presidente Menchaca tuvo que llamarlo al orden.

El pevemista Noe Castañón y la morenista Lucía Trasviña ayudaron al peso de las comparecencias y la panista Xóchitl Gálvez, sin pertenecer a la Comisión de Justicia, tomó un papel protagónico en los foros. Claudia Ruiz Massieu, del PRI, no se conectó.

A trompicones, la Cámara alta desahoga la elección de los nuevos juzgadores electorales. Adicionalmente, tiene más de 80 designaciones por resolver, en distintas instancias. En la Junta de Coordinación Política, por ejemplo, está pendiente la designación del nuevo presidente del órgano de gobierno del IFT y la Mesa Directiva debe resolver sobre el nombramiento de tres consejeros honorarios del Sistema Público de Radiodifusión. En comisiones están pendiente los nombramientos de nueve consejeros honoríficos del consejo consultivo de la CNDH y cinco consejeros ciudadanos de la FGR.

Por la conclusión de su cargo o la instalación de sus respectivas instancias están otros 34 nombramientos, entre los que destacan un magistrado de la tercera sección del Tribunal Fiscal, dos comisionados del IFT, tres comisionados de la Cofece, dos vocales del IPAB y al nuevo procurador para la defensa del contribuyente.

Los tres integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el nuevo integrante de la Comisión Reguladora de Energía quedarán pendientes, mientras se procesa la iniciativa de reforma que plantea la desaparición de esas instancias.

EFECTOS SECUNDARIOS
RELEVOS. A la mitad de su mandato como presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas decidió reforzar su equipo de trabajo. A la exsenadora Graciela Ortiz la nombró secretaria de Planeación y Estrategia; al exdiputado mexiquense Carlos Iriarte Mercado lo encargó de Acción Electoral y al exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes le dejó la Operación Política. Para desahogar los asuntos de su despacho nombró a Mario Zamora Gastélum, Enrique Martini, Ricardo Cruz Iselis Jiménez, y Tonatiuh González Case, como secretarios adjuntos.

ALIADOS. La comisión de energía de la Cámara de Diputados tramitará el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo federal en materia eléctrica. Al frente de ese órgano legislativo quedó Manuel Rodríguez González y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, como secretario. Exfuncionario peñista, Ochoa Fernández buscó esa posición para incidir en la culminación de la reconfiguración de la refinería de Tula, que requiere la inyección de 2,500 millones de dólares.

El diputado insiste en que tanto la obra civil como electromecánica de la planta coquizadora sean llevadas a cabo por empresas locales y mano de obra de aquella región.

SUMAS. El centro Mario Molina de la UNAM y la organización Innovec unieron esfuerzo para lanzar un proyecto que busca sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los efectos del cambio climático en América Latina. En México, esta iniciativa comprende la formación de más de 250 docentes en el Estado de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas que coadyuvarán en el objetivo global, de impartir 15,000 clases durante los cinco años de duración del proyecto.