El juez Gregorio Salazar apuntó que recursos utilizados por 31 académicos señalados por corrupción se encuentran amparados en la legalidad
El juez federal que rechazó otorgar órdenes de aprehensión contra 31 académicos apuntó en su resolución que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) operó bajo las reglas previstas por la ley en su momento.
En la resolución del 21 de septiembre de Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, dejó en claro que los 244 millones utilizados por dicho Foro entre 2013 y 2019 se encuentran en el marco de la legalidad.
De esta manera, todos los hechos que invoca la fiscalía (General de la República) en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho foro y en el estatuto entonces vigente” se recalca dentro de la causa penal 299/2021
El juez Salazar Hernández apuntó que el Foro se originó en la Ley de Ciencia y Tecnología como en el Estatuto Orgánico del Conacyt, vigente en ese momento.
La actuación que se atribuye a los activos (de 2013 a junio de 2019) estuvo amparada por el espectro de la legalidad, pues en la época en que se reprocha la realización de tales actos delictivos, las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Conacyt y el Estatuto Orgánico del Conacyt, en la época de los hechos se encontraban vigentes, lo que implica que los activos actuaban amparados en esas disposiciones”, se lee en la resolución.
El FCCyT dejó de existir a partir de la emisión del Estatuto Orgánico del Conacyt, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2020 así como los cambios a la Ley de Ciencia y Tecnología el 6 de noviembre de 2020 también en el citado medio.
La semana pasada, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), envió dos informes al presidente Andrés Manuel López Obrador en los que relató que 31 académicos del FCCyT están siendo acusadas de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos de dinero público de manera injustificada.
“Entre los gastos de operación había facturas de choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”, indicó el documento de Álvarez-Buylla.
Derivado de lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ante un juez las órdenes de aprehensión contra los 31 académicos -a quienes acusó de peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada, así como uso ilícito de obligaciones y facultades- pero dicha petición fue rechazada en dos ocasiones,
Con información de Milenio y López-Dóriga Digital
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