El exjefe del Estado Mayor Presidencial durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz es señalado como responsable de la represión estudiantil del 68
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá hacer público el expediente de Luis Gutiérrez Oropeza, exjefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) durante el Gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Sedena cumplir la determinación y hacer público el expediente de un personaje central en tiempos de la llamada “Guerra sucia” en México.
El exjefe del Estado Mayor Presidencial, Gutiérrez Oropeza, es señalado como responsable de dirigir la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, que dejó unos 300 de muertos y otros cientos de desaparecidos, según organizaciones civiles, aunque las autoridades solo reportaron 37 decesos.
En México, durante la década de 1970 y parte de la de 1980 existió una etapa llamada “Guerra sucia” en la que violencia fue ejercida por el Estado Mexicano contra disidentes y opositores políticos en distintas entidades del país.
“Investigadores de estos hechos, instituciones públicas del mismo Estado Mexicano han reconocido la pérdida de valiosa información que impide a la sociedad mexicana conocer a profundidad y con claridad lo que ocurrió durante este periodo”, expresó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, al exponer el asunto ante el pleno del Inai.
“Los vacíos por falta de información, vulneran el derecho de la verdad y a la memoria histórica de nuestro país”, añadió.
Expuso que esa información, manejada por la Dirección General de Archivo e Historia de la Sedena, “debe ser del dominio público, ya que esa área de la dependencia funciona como archivo histórico.
La comisionada explicó que un ciudadano solicitó a la Sedena el archivo del exjefe del Estado Mayor Presidencial, entre 1964 y 1970, así como del titular de la Dirección del Departamento de Industrias Militares.
En su respuesta, la Sedena negó la información bajo el argumento de que su Dirección General de Archivo e Historia “estaba imposibilitada para emitir un pronunciamiento respecto a la solicitado, por lo que clasificó la información con el argumento de que se trata de datos de una persona plenamente identificable”.
En el análisis del caso se determinó que la identificación de personas que formaron parte de la estructura orgánica de sujetos obligados, como la Sedena, “es información pública que por disposición legal expresa, reviste el carácter de público (…) por lo que resultó procedente la entrega del expediente”.
Durante la llamada “Guerra sucia” en México existió la desaparición forzada estudiantes, campesinos y activistas sociales, o simplemente personas sobre las que recayera alguna sospecha.
Con información de EFE
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