Gerson Martínez recibió el estatus de refugiado por persecución política y el Gobierno de México tomó a bien examinar los datos de este caso
México otorgó el estatus de refugiado al exministro salvadoreño de Obras Públicas, Gerson Martínez, acusado de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), confirmó su abogado.
Martínez junto a otros nueve exfuncionarios, entre estos el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), enfrenta un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Pedro Cruz, abogado defensor del exfuncionario, explicó a periodistas en El Salvador que “el señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución (política)” e indicó que “en ese sentido el Gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura política, legislativa y judicial del país”.
Lo anterior, de acuerdo con el letrado, para “determinar con firmeza que el señor Martínez es perseguido político en El Salvador y le otorga el estatus de refugiado de conformidad con las leyes mexicanas y con el derecho internacional particularmente con todos los artículos y todas las normativas que provienen de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados”.
Cruz añadió que “cualquier intento de extradición, captura o difusión roja tendrá que pasar por un procedimiento largo y engorroso de examen y no puede haber una captura ni extradición automática del señor Martínez mientras él tenga el estatus de refugiado”.
Las declaraciones del abogado fueron brindadas en la sede del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, a la que llegó para presentar un recurso de apelación, ya que dicha corte envío el proceso penal a instrucción y decretó detención provisional contra todos los implicados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Martínez habría recibido 290 mil dólares en sobresueldos durante la Administración de Funes.
Este caso se desprende de la investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.
Funes vive en Nicaragua desde 2016 y recibió en 2019 la nacionalidad de ese país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
Los demás señalados son el extitular de Hacienda, Carlos Cáceres, la exministra de Salud Violeta Menjívar, los exviceministros Hugo Flores y Erlinda Handal, y el exdiputado del FMLN Calixto Mejía (2014-2017).
Así como José López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), y el exsecretario privado de la Presidencia Manuel Melgar y la exministra Medio Ambiente Lina Pohl, quienes se encuentra fuera del país y cuyo paradero se desconoce.
El pasado 30 de julio, el Gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Cerén.
Con información de EFE
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