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Estamos a 11 días de que se lleve a cabo la llamada “Consulta Popular”, que en un principio tenía el motivo de saber si la ciudadanía estaba de acuerdo o no de enjuiciar, por presunta corrupción, a los últimos cinco expresidentes de la República. Sin embargo, la formulación de la pregunta que se le expondrá a los votantes ha sufrido cambios en su redacción de forma tal que es un auténtico camello, es decir, un caballo hecho por un comité.

Originalmente, en septiembre del 2018, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el programa de Carmen Aristegui, manifestó un boceto de pregunta para hacer la consulta: “¿Crees que el presidente de México debe promover, para que haya justicia, y no sólo se castigue a chivos expiatorios, que se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a (aquí el nombre de los cinco presidentes del período neoliberal?). Sí. No. AMLO, manifestó su deseo de hacer la consulta al cumplir los primeros 100 días de gobierno.

Después de darse cuenta que existe una ley para regular las consultas populares y que éstas no pueden hacerse antes de las elecciones intermedias de los sexenios, se intentó hacerla justamente en paralelo con los comicios del pasado 1º de junio, cosa imposible técnica y legalmente. Entonces se designó el 1 de agosto para la “Consulta Popular” que en las redes sociales ha sido llamada #juicioaexpresidentes.

La oficina jurídica de la presidencia elaboró la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Sí. No.

Como lo estipula la ley, la pregunta, fue enviada para su aprobación o no a la SCJN. El ministro Luis Mario Aguilar argumentó que no tenía por qué ponerse a consulta el cumplimiento de las leyes. Con una votación de 8 a favor y 3 en contra, la Consulta Popular fue aprobada para realizarse el primero de agosto, pero con la siguiente interrogante: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar justicia y los derechos a las posibles víctimas? Sí. No. ¿Cómo les quedó el ojo, chatos?

Lo único bueno del galimatías redactado por la Suprema Corte —me imagino que en pleno—, es que la pregunta de la encuesta no abarca únicamente a expresidentes, sino a cualquier “actor político”. Me atrevo a asegurar que nadie de los que acudan a las urnas votarán por el No; para hacerlo bastará con abstenerse de votar. Y para que el Sí cumpla su efecto, independientemente de los procesos judiciales para los cuales no hay mayores pruebas que rumores y notas periodísticas valientes, pero sin valor judicial, será necesario que emitan su voto por él, 40% de los empadronados. Más de 30 millones de mexicanos.

Acudiré a votar porque, en mi opinión, hay muchas razones para el Sí, lo que no hay son pruebas.

Cuento breve
Ayer fui al entierro de la mamá de un amigo. Según su religión a los entierros asiste una vidente que adivina quién será, de los asistentes, el próximo en morir. Llegado el momento la vidente se concentró y dijo que el siguiente en morir sería el primero en salir del panteón. Aquí estamos todos. Pedimos pizzas, refrescos y café. Algunos juegan dominó y otros a las cartas. Nadie ha salido. Ni siquiera la vidente.