SEDENA responde a Centro Prodh

Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) responde a las declaraciones que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) realizó el 2 de julio cuando afirmó con base a un documento oficial que militares tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esto con relación a los acontecimientos en Tlatlaya, Estado de México donde murieron 22 personas.

El Centro Prodh presentó un documento que se entregó en la Base de Operaciones San Antonio del Rosario del 102 Batallón de Infantería del Ejército. Ese documento es la Orden de Relevo y Designación de Mando que iba dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando de la tropa.

Según el documento que mostró el Centro Prodh se ordenaba que “las tropas deberás operar en la noche en forma masiva y en el día  reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

El Centro Prodh argumenta que bajo estos lineamientos se cometió una presunta ejecución extrajudicial a las 22 víctimas de Tlatlaya pues se “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”.

Por ello, la SEDENA envió un comunicado para aclarar el contenido de la Orden para el Relevo de la Base de Operaciones.

“En relación con las afirmaciones del Centro Prodh respecto al documento militar presentado en su informe del “caso Tlatlaya”, la Secretaría de la Defensa Nacional señala lo siguiente:

El documento en cuestión contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México.

Mediante 38 indicaciones, busca proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento, tal y como se aprecia en las siguientes citas:

“…actuando en forma contundente y conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la observancia de la ley para prevenir y sancionar la tortura…”.

“…la prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose enerar víctimas colaterales…”.

“…las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares…”.

“…deberá apegarse a lo establecido en la “directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del ejército y fuerza aérea mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo de las autoridades civiles” y en la ley federal de armas de fuego y explosivos…”.

Del análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los DD.HH.”

El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron en un enfrentamiento entre un grupo armado y miembros del Ejército mexicano en una bodega abandonada en una comunidad de Tlatlaya, Estado de México.

El caso por estas muertes, en donde presuntamente algunos militares ejecutaron a varias personas, sigue abierto y las tres principales testigos han caído en contradicciones en las declaraciones que integran el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Una de ellas, de sobrenombre Julia – cuyo nombre es Clara Gómez González, identidad que fue revelada por el Centro Prodh el mismo día que mostró la Orden de Relevo de mando- fue  quien hizo público el caso, al decir que los soldados dispararon contra civiles que ya se habían rendido, y que entre las víctimas estaba su hija Erika  de 15 años de edad. Aunque, en los peritajes realizados por la PGR se comprobó que Erika murió durante el enfrentamiento.

Redacción