Entonces, los abogados de Germán Larrea dieron vista a la Secretaría de Economía y ésta, con fundamento en la Ley Minera, decretó la imposibilidad de continuar con la explotación de la concesión minera por causas de fuerza mayor no imputable al patrón, después de dos años
Después del fatal accidente en Pasta de Conchos, el Sindicato Los Mineros —como ahora se conoce a la organización encabezada por Napoleón Gómez Urrutia— inició una oleada de movilizaciones por la presunta inobservancia de las condiciones de seguridad e higiene por parte de las grandes empresas.
De los paros del 2006, el sindicato pasó a las huelgas por el supuesto incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, con afectaciones principalmente a Grupo México. Las minas en Cananea, Taxco y Sombrerete cerraron simultáneamente en el 2007. Las autoridades laborales inspeccionaron esas instalaciones y no hallaron evidencia, más que de los destrozos y saqueos ocasionados por los ocupantes.
Entonces, los abogados de Germán Larrea dieron vista a la Secretaría de Economía y ésta, con fundamento en la Ley Minera, decretó la imposibilidad de continuar con la explotación de la concesión minera por causas de fuerza mayor no imputable al patrón, después de dos años.
La mina de San Martín, en Sombrerete, permaneció cerrada 11 años. Y Taxco aún sigue en huelga. Cananea reabrió sus puertas y también San Martín cuando los trabajadores decidieron renunciar al Sindicato Minero y afiliarse a otra organización, concluir con la huelga y reincorporarse a sus labores habituales.
En el fondo, el ejercicio del derecho de huelga, garantizado en los artículos 450 y 902 de la Ley Federal del Trabajo. Este último señala que la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y las solicitudes que se presenten, quedan suspendidos, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito, estar de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la Junta.
La constitucionalidad de esa disposición ha sido cuestionada. Aunque ayer, la Segunda Sala dictó una sentencia a favor del sindicato de Gómez Urrutia, que impugnó la afiliación de los trabajadores de la mina San Martín a otra organización. Al margen de ese conflicto, la resolución establece un ominoso precedente, pues los trabajadores de un sindicato quedan obligados a permanecer allí mientras exista una huelga.
En ese espejo deberán verse los representantes de la minera canadiense Americas Gold & Silver, quienes ayer acudieron a la mesa de diálogo convocada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para recibir malas noticias para su causa.
Y es que ya les ha quedado claro que podrán reanudar actividades en la mina San Rafael sólo si aceptan pactar con Gómez Urrutia, no obstante, las denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía sinaloense. La FGR no intervino en esas diligencias.
Efectos secundarios
SACUDIDA. Han pasado tres semanas de la debacle electoral de Morena y sigue el ajuste de cuentas en la Cuarta Transformación. Los responsables de algunos enredos —léase Irma Eréndira Sandoval y Gabriel García— salen del equipo presidencial para dar lugar a un reacomodo, en ciernes, que incluye a algunos de los candidatos derrotados en las urnas. Para coordinar a los súperdelegados suenan Ariadna Montiel y Carlos Torres Junior, aunque al cierre de este espacio no se descartaba la unción de Martí Batres en esa posición clave en la maquinaria gubernamental.
ORDENADOS. Enrique Vargas del Villar es el nuevo jefe del panismo en el EdoMex. El alcalde con licencia de Huixquilucan rompió su antiguo lazo con el Grupo Tlalnepantla y junto con otros liderazgos locales —léase Jorge Inzunza y Víctor Hugo Sondón— y con el apoyo de Santiago Creel ahora está al frente del proyecto que dentro de dos años buscará la gubernatura.
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