La SCJN advirtió que en caso de que no se cumpla con lo ordenado, se decidirá sobre los escritos con los elementos que se incluyan
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de 24 horas al Congreso de Tamaulipas para entregar una copia certificada que acredite el carácter de representante legal a la Mesa Directiva en la controversia constitucional promovida ante el desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La SCJN detalló que la controversia fue promovida por los presidentes de la mesa directiva en el Congreso local, pero no presentaron la documentación que los acredite con este carácter.
La Corte indica que la acreditación es relevante debido a que la atribución del presidente de la Mesa Directiva es tener la representación legal del Congreso para actuar en controversias constitucionales.
Además, advirtió que, en caso de que no se cumpla con lo ordenado, se decidirá sobre los escritos con los elementos que se incluyan.
La Controversia fue turnada a uno de los ministros de la Corte, quien decidirá, en los próximos días si da entrada a la demanda que interpuso el Poder Legislativo de Tamaulipas.
Un juez federal declaró este miércoles improcedente el amparo que intentó promover Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, con el que pretendía echar abajo el proceso de desafuero realizado en su contra por la Cámara de Diputados.
Lo anterior fue determinado por Martín Adolfo Santo Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,
En la demanda, García Cabeza de Vaca argumentó que la autoridad responsable del juicio de procedencia se “extralimitó” en las facultades que tiene conferidas constitucionalmente.
Sin embargo, el juez Santo Pérez declaró improcedente la suspensión requerida por el gobernador tamaulipeco.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador de Tamaulipas, quien en su momento fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
García Cabeza de Vaca únicamente fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.
El daño al fisco federal fue estimado en 6.51 millones de pesos, lo que acredita el delito de defraudación fiscal, que se castiga con una pena de tres a nueve años de prisión.
Con información de López-Dóriga Digital y Milenio
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