Un tribunal de la Ciudad de México consideró ‘infundadas’ dos quejas presentadas por la FGR para proceder con la orden de aprehensión contra Alonso Ancira
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ratificó la suspensión provisional concedida a Alonso Ancira para dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Alonso Ancira llegó a México el pasado 3 de febrero, extraditado desde España por los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El mismo día, los abogados de Ancira Elizondo promovieron un juicio de amparo para evitar la detención del empresario, mismo que fue concedido por el juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos.
La FGR interpuso después dos quejas para proceder contra la orden de aprehensión, pero magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la capital las desechó.
Los magistrados Lorena Josefina Pérez Moreno, Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz y Francisco Javier Arcovedo Montero consideraron ‘infundadas’ las quejas 1/2021 y 2/2021 de la FGR.
El empresario es señalado por corrupción y lavado de dinero, derivado de una denuncia que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó en marzo de 2019 “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”.
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta a un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.
Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de 500 millones de dólares por Altos Hornos de México (Ahmsa) cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también se enfrenta un juicio en México.
Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.
El auto judicial argumenta que Alonso Ancira cooperó en el lavado de dinero de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando este fuera el director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.
Con información de El Financiero y EFE
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