Un juez concedió una suspensión para que Alonso Ancira no sea privado de su libertad mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos
El empresario Alonso Ancira deberá ser trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México después de ser extraditado desde España, donde fue detenido en mayo de 2019.
Ancira Elizondo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (ACIM), a las 17:10 h, a bordo de un avión de la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras su llegada a México, el empresario fue sometido a una evaluación médica en el Hangar de la FGR en el AICM. Durante el procedimiento, estuvo acompañado de sus abogados.
Alonso Ancira intentó evadir su ingreso al Reclusorio Norte al promover un amparo para llevar su proceso penal en su domicilio.
Sus abogados argumentaron que padece diabetes e hipertensión, comorbilidades que lo hacen susceptible a contraer COVID-19 dentro del centro penitenciario.
El empresario fue favorecido por el juez segundo de Distrito de Amparo en materia penal en Ciudad de México con un amparo para que no se ejecute en su contra una orden de aprehensión.
El juez concedió una suspensión para que Alonso Ancira no sea privado de su libertad mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos.
Ancira Elizondo deberá presentarse en el Reclusorio Norte para una audiencia dictada por un juez de Control.
El empresario es señalado por corrupción y lavado de dinero, derivado de una denuncia que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó en marzo de 2019 “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”.
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta a un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.
Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de 500 millones de dólares por Altos Hornos de México (Ahmsa) cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también se enfrenta un juicio en México.
Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.
El auto judicial argumenta que Alonso Ancira cooperó en el lavado de dinero de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando este fuera el director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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