La ASF detectó irregularidades con dos empresas contratadas por Segob para el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el fondo que la Secretaría de Gobernación maneja para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Durante 2018 se destinaron 337.4 millones de pesos a RCU Sistemas S.A. de C.V., empresa contratada para la instalación de cámaras de seguridad, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, entre otros.
Del total, 335.6 millones fueron para el mecanismo de protección; 1.7 mdp a honorarios fiduciarios; y 100 mil pesos para honorarios de auditoría externa.
De acuerdo con la ASF, la empresa no contaba con los criterios del artículo 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para adjudicaciones directas. Aun así, ha otorgado servicios para el mecanismo de protección desde 2014.
En el análisis realizado no se validó que el objeto y alcance de la prestación de servicios por parte de RCU Sistemas hayan sido debidamente cumplidos conforme a las características, especificaciones, términos y condiciones establecidas.
Tampoco se presentó evidencia que acreditara reportes, informes, resultados y productos por parte de la empresa, aunque en una visita domiciliaria de la ASF, sí presentó órdenes de servicios firmadas por beneficiarios.
En 2018, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas atendió a 430 periodistas y 281 defensores de derechos humanos.
Del total, la ASF entrevistó a 40, quienes reportaron fallas en el celular con botón de pánico, deficiencias con el servicio de escolta y en la instalación de cámaras, cerraduras de seguridad u otras medidas preventivas en su domicilio o lugar de trabajo.
Para el fideicomiso del cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos se erogaron 51.8 millones de pesos a Servicios RCU.
Del total, 32.5 millones fueron por medidas cautelares; 17.7 millones por indemnizaciones; 1.1 mdp por becas educativas a beneficiarios; 20 mil pesos por atención psicológica; 400 mil pesos por honorarios fiduciarios; 100 mil pesos por honorarios por auditoría externa y mil pesos en comisiones bancarias.
La ASF detectó que la Segob solicitó los servicios de dicha empresa para dos fideicomisos por 368.1 millones de pesos, sin embargo, Servicios RCU presentó ingresos netos por 331.4 mdp en su Declaración Anual del Ejercicio 2017.
Al igual que RCU Sistemas, Servicios RCU tampoco cumplió con los criterios establecidos para efectuar adjudicaciones directas y aun así otorga servicios desde 2014.
Trece de los 30 beneficiarios con tal compañía manifestaron a la Auditoría Superior de la Federación fallas con el celular con botón de pánico, así como deficiencias en el seguimiento y atención por parte de servidores públicos de la Segob en asuntos reportados.
Con información de Forbes
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