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Hacienda rechaza acusaciones de abogados estadounidenses que denunciaron interferencia en juicios tributarios
Vista del logo de la Secretaría de Hacienda. Foto de Archivo Notimex

La Secretaría de Hacienda negó los señalamientos hechos por la Barra Americana de Abogados  sobre que el Gobierno de México debe respetar el Estado de Derecho de los contribuyentes que enfrentan juicios tributarios.

“El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal”, señaló la dependencia.

Aseguró que promueve las funciones de abogados que asesoran a contribuyentes y destacó que son necesarios para fortalecer el estado de Derecho.

“Reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el estado de Derecho”, indicó.

Resaltó que la Procuraduría Fiscal no amenaza y que los contribuyentes pueden solicitar acuerdos reparatorios.

“La Procuraduría Fiscal no amenaza; denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez. Si algún contribuyente, imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal, propone o solicita celebrar un acuerdo reparatorio, comprometiéndose a corregir su situación fiscal, la Procuraduría Fiscal valorará si es oportuno otorgarlo, con base en las características del caso y los requisitos normativos”, señaló.

Esto después de que el pasado 20 de octubre, abogados estadounidenses denunciaran amenazas y presiones del SAT y la Procuraduría Fiscal a deudores del fisco que han buscado asesoría jurídica para resolver su situación.

La Barra de Abogados de Estados Unidos condenó dichas acciones y las calificó como un impedimento para que los contribuyentes tengan acceso a la justicia y a un juicio justo.

La American Bar Association detalló que las autoridades mexicanas violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de México.

Con información de López-Dóriga Digital