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Para la reunión que sostendrá mañana con ellos y cualesquiera sean las novedades que le hayan reportado la Comisión de la Verdad y la Fiscalía Especial del caso Iguala, lo mejor será que el presidente López Obrador tenga muy en cuenta la coincidencia sustantiva que hay entre los padres de Los 43 de Ayotzinapa y sus representantes con las extintas Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos: el encarcelamiento de alrededor de 130 presuntos responsables de la matanza de estudiantes y la colérica inconformidad por las liberaciones de la mayoría de inculpados, como lo hicieron antier los manifestantes ante la Suprema Corte de Justicia y, ayer, en el Consejo de la Judicatura Federal.

Dicho de otro modo: por más fallas de procedimiento (deficiencias ministeriales, procesales y hasta obtención de confesiones mediante tortura) que se aleguen, todo indica que las investigaciones y detenciones realizadas en el peñanietismo son dignas de crédito, inclusive para quienes rechazan la “verdad histórica” pero que, contra la evidencia científica, niegan que muchos o todos los jóvenes fueron sacrificados en el basurero de Cocula.

A partir de asumir la coincidencia referida, el Presidente podrá dar una respuesta merecedora del mayor reconocimiento a la muy probable pregunta que su gobierno está obligado a responder: ¿por qué no se han enviado a la universidad de Innsbruck los 114 restos óseos que recomendó se analizaran la desaparecida Oficina Especial de la CNDH para el caso Iguala?

De hecho, la reunión de mañana poco sentido tendrá si nada se informa sobre los fragmentos rescatados del muladar y el río San Juan donde, según el equipo forense argentino, fueron quemados 19 cuerpos; seis expertos internacionales nombrados por la PGR y el GIEI calcularon 17 y la ex CNDH dictaminó que al menos 21, en tanto que Jesús Murillo Karam afirmó que tal fue el destino de “muchos o todos los normalistas”.

La exhaustiva investigación de aquella Oficina Especial derivó en la recomendación que prácticamente resolvió el caso y que desde hace casi dos años ha sido ignorada por la autoridad. Solo resta que la Fiscalía General de la República le dé cumplimiento para cerrar los círculos.

Dentro de los más de 60 mil restos recuperados en el basurero de Cocula y del río San Juan estaban los ya identificados exitosamente de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La CNDH seleccionó 114 con alta probabilidad de contener ADN y propuso que fueran analizados genéticamente por el laboratorio austriaco.Esto no se ha hecho y ninguna justificación ética ni jurídica existe para ello.

No se han querido enviar porque los detractores de la verdad verdadera saben que existen elevadas probabilidades de que correspondan cuando menos a 21, si no es que a la totalidad de los estudiantes.

Y de no ser así, ¿acaso no importa identificar a otros entre los más 60 a 70 mil desaparecidos que hay en México…?