Han pasado cinco años de la primera proeza de Morena: el movimiento social articulado por Andrés Manuel López Obrador obtuvo el registro como partido político nacional y colocó 35 representantes en la Cámara de Diputados
Han pasado cinco años de la primera proeza de Morena: el movimiento social articulado por Andrés Manuel López Obrador obtuvo el registro como partido político nacional y colocó 35 representantes en la Cámara de Diputados, tras de obtener 3.3 millones de votos, 8.5% de la votación nacional, en su estreno en las boletas electorales.
Impedido de hacer alianzas con otras formaciones políticas y un peculiar sistema para designar a sus candidatos (una “tómbola” que mezcló a dirigentes y afiliados), la organización izquierdista apenas si tuvo acceso a las prerrogativas. Ahora se sabe –por el videoescándalo protagonizado por Pío Lorenzo López Obrador y el exconsultor del PVEM, David León Romero– del peculiar sistema de autofinanciamiento al que recurrió para organizar a sus bases militantes.
El sostenimiento de los partidos políticos, por diseño constitucional, depende rotundamente del erario. En lo privado, pueden realizar actividades de autofinanciamiento, recurrir a rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, o pasar la charola entre militantes y simpatizantes, a quienes deberán entregar recibos foliados. En caso de que la aportación se realice en cheque o transferencia bancaria, la cuenta origen deberá estar a nombre del aportante, según estipula el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos.
El numerario entregado por el exdirector de Protección Civil al hermano del Ejecutivo federal hace cinco años provenía –según definió León Romero– de una colecta “para la realización de asambleas” y otras actividades de Morena. Ambos, hasta donde se sabe, no son militantes del partido ni ejercieron algún cargo en sus órganos de dirección.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE es el órgano técnico de recibir y revisar los informes sobre los recursos recaudados y gastados en actividades ordinarias y campañas, tanto por los candidatos como por los partidos y las asociaciones políticas. Para cumplir con ese ejercicio de rendición de cuentas, cuentan con la “confirmación de terceros”, entre quienes destacadamente están la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Esas instancias podrían desvelar si los “donativos” entregados por el hermano de López Obrador y el entonces consultor político fueron efectivamente destinados a las actividades político-partidistas o de un ocultamiento de recursos para ser fiscalizados por el sistema financiero.
En la etapa previa al registro condicionado, la autoridad administrativa valida las actividades para la constitución de un partido político, que tienen prohibido recurrir a la afiliación corporativa –ya sea por la injerencia de grupos religiosos o sindicatos– y rebasar los topes establecidos.
En vísperas del arranque formal del proceso electoral 2020-2021, el INE deberá resolver sobre las solicitudes presentadas por las siete asociaciones que cumplieron con los requisitos para competir en los comicios, con registro condicionado. La Comisión de Prerrogativas propuso negar el ingreso a las Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México, Grupo Social Promotor y Súmate a Nosotros; hoy deberán resolver si avalan ese dictamen en sesión extraordinaria del Consejo General.
La tolerancia de antaño se esfumó. Las autoridades administrativas buscan eliminar la injerencia de los poderes fácticos en las actividades políticas electorales y evitar el uso de recursos de posible procedencia ilícita, por medio de diversas operaciones financieras ocultas en el anonimato.
Uno de los ejemplos más ilustrativos ocurre con Somos, el partido político que busca registro en la Ciudad de México, a través de la asociación EnRed@Te por México, tras de observar anomalías, entre las que destacan: al menos un centenar de los 140 delegados electos en las 20 asambleas constitutivas son afiliados de la sección I (limpia y transporte) del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX. Esos delegados eligieron al exsecretario de Capital Humano del gobierno capitalino, Miguel Ángel Vásquez Reyes, como su máximo dirigente, antes de que fuera vinculado a proceso, por presunto daño al erario, por 293 millones de pesos.
Los promotores de Somos reportaron gastos por 6.5 millones de pesos. Entre abril y junio del año pasado ingresaron 4 millones de pesos, de los cuales 750,000 pesos fueron registrados como aportaciones de simpatizantes y 2 millones corresponden con las ganancias generadas por 10 conferencias impartidas por la influencer Fernanda Tapia entre junio y julio.
De acuerdo a una denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Vásquez Reyes pudo haber allegado de recursos a EnRed@Te por México, mediante depósitos en efectivo y de manera anónima o mediante el sindicato.
Las indagatorias de la UIF apuntan a que Vásquez Reyes –a través de terceros– puso en marcha una elaborada estratagema tendiente a ingresar activos de posible procedencia ilícita al sistema financiero, con el propósito de ocultar el origen, destino y beneficiario final de los mismos.
Los recursos que recibió y operó EnRed@Te por México en la gestación del nuevo partido local –de acuerdo con las pesquisas– probablemente provienen de Miguel Ángel Vásquez Reyes, y que en consecuencia, la finalidad de crear dicho instituto político puede ser un distractor que permita ocultar sus actividades ilícitas, a través de las prerrogativas políticas que se obtengan a través de la constitución de la nueva organización partidista.
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