Varios medios han publicado investigaciones que demuestran de manera contundente la falsedad de las cifras oficiales de defunciones en México por concepto de COVID-19
Por Jorge Castañeda.
Publicado anteriormente en la Revista Nexos.
En casi todos los países del mundo se da hoy un debate sobre la calidad de la respuesta gubernamental ante la pandemia y la consiguiente contracción económica. La discusión encierra dos niveles: la comparación con otros países —la hicimos mejor o peor que otros— y la comparación con lo que hubiera podido hacerse —nos fue mejor de lo esperado.
En Estados Unidos, Trump afirma un día sí y el otro también que sus estadísticas muestran que nadie lo ha hecho tan bien como él. López Obrador hace lo mismo. Bélgica corrige su número de decesos para bajar en el ranking mundial de primer lugar a segundo, pero Perú, que lo sustituye como líder mundial en muertes por 100 mil habitantes, responde que eso se debe a una forma diferente de contabilizar los fallecimientos. Todo esto es lógico y esperable, como lo es también que en algún momento conoceremos la “verdad histórica”, es decir la comparación mundial realizada a partir de cifras comparables y auténticas, así como las alternativas que se les presentaron a distintos gobiernos en diferentes etapas de la pandemia, y que no aprovecharon, por ignorancia, desidia o falta de recursos.
En este debate, en cada país, cada quién tiene sus responsabilidades. El estamento médico, los gobiernos, las oposiciones, los científicos, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil participan en la discusión, toman partido, y presentan datos que respaldan sus posturas. En ocasiones los datos son “duros”; a veces son cuestionables. Y en algunos casos, son ambas cosas a la vez. Quizás México sea el paraíso de este tipo de contradicciones, por las peculiaridades de nuestro ser nacional y de nuestra democracia. Me limitaré a un ejemplo.
Varios medios internacionales (The New York Times, El País) y nacionales (Nexos) han publicado investigaciones que demuestran de manera contundente la falsedad de las cifras oficiales de defunciones en México por concepto de COVID-19. El propio gobierno ha revelado que sus números subestiman de modo significativo la cantidad de personas que han fallecido desde febrero o marzo debido a la pandemia. Comparativos internacionales señalan que si se utiliza el concepto de exceso de fallecimientos en 2020 frente al promedio de los cinco años anteriores, muchos gobiernos proporcionan cifras falsas, y México es uno de ellos.
Si tomáramos el promedio de los multiplicadores que se han mencionado en los estudios y artículos mencionados, tendríamos que ampliar el número de decesos en México por un factor de 2.7, aproximadamente. Si multiplicamos el número de decesos oficial —62 mil el jueves— por ese factor, obtenemos el dato de 167 000 decesos en México al día de hoy. Esa es la cifra que debieran utilizar todos en México para evaluar la eficacia o mediocridad de la reacción gubernamental.
Se entiende que el gobierno no lo haga. Sin embargo, no es comprensible que la oposición y los medios no lo hagan. Periódicos y revistas que divulgan con gran valentía las estimaciones de este tipo, paradójicamente en sus relatos cotidianos siguen legitimando las cifras oficiales aunque saben que no significan nada. Políticos en el Congreso o en distintos foros proceden igual. La oposición debiera exigirle al Inegi que por lo menos publique el número de muertes en exceso mes por mes, con el retraso inevitable, en lugar de esperar hasta mediados del año entrante cuando disponga del total completo del año.
Si vinculamos el dato de 167 mil muertes con la población del país —y en esto López Obrador tiene razón: no se deben comprar montos absolutos sin relacionarlos con el total de habitantes— llegamos a la siguiente comparación. México se ubicaría en el primer lugar del mundo en materia de muertes por 100 mil habitantes, de lejos: 128. En segundo lugar figuraría Perú, con 87, seguido por Bélgica (85); Reino Unido (62); España (61); Italia (58); Chile (57); DSuecia (57); y Estados Unidos (55).
Se objetará, con algo de fundamento, que se debería entonces aplicar el mismo tipo de correctivo a los demás países, y comparar esas cifras. Solo que los gobiernos de los países ricos —y Chile— sí publican datos más robustos, son más responsables, están sujetos a una mayor rendición de cuentas, y sobre todo, han ido rectificando su método de cuantificación. Por ejemplo, Francia al principio no incluía los decesos en asilos de personas de tercera edad, cuando allí ocurrían un gran número de fallecimientos.
Si al gobierno de López Obrador no le gustara este correctivo, podría, como Groucho Marx con sus principios, utilizar y publicar otro que sí le guste. No lo hará. Es lógico, para un régimen que miente como respira. Pero que los demás actores de la sociedad mexicana legitimen cifras inservibles no lo es.
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