Los gobernadores lograron este viernes acordar con el presidente López Obrador la revisión del pacto fiscal para sortear la crisis por la pandemia
Tras meses de tensión y de choques por la gestión de la pandemia, los gobernadores mexicanos lograron este miércoles arrancar al presidente Andrés Manuel López Obrador el compromiso de revisar el pacto fiscal, que determina los recursos para los 32 estados del país, para sortear la crisis.
La foto de familia de la reunión, en la que López Obrador y dos gobernadores fueron los únicos que no llevaban cubrebocas, sirvió de metáfora sobre las diferencias que han aflorado durante la crisis sanitaria entre el Gobierno Federal y los estatales.
Pero según reveló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enlace entre el mandatario y los gobernadores, el encuentro celebrado en San Luis Potosí sirvió para acercar posiciones y “construir una estrategia conjunta” frente a la crisis sanitaria y económica.
Revisión del pacto fiscal
En conferencia de prensa, Sánchez Cordero aseguró que el presidente se comprometió a apoyar la “reestructuración de la deuda” de los estados y a pagar “puntualmente” los recursos federales que les corresponden.
Se analizará, se analizará -enfatizó- la ley de coordinación fiscal, pero con objetividad, transparencia y diálogo”, anunció Sánchez Cordero.
Según se acordó, la Secretaría de Hacienda creará una comisión en la que podrán participar los gobernadores para iniciar los trabajos previos a una convención nacional que revise el polémico mecanismo de reparto de recursos en los territorios.
La crisis económica derivada de la pandemia, con un desplome histórico del PIB del 18.9 por ciento, llevó a algunos estados industrializados del norte del país y gobernados por la oposición a levantar la voz contra el pacto fiscal, vigente desde hace una década.
Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Michoacán, que se autodenominaron Alianza Federalista, exigen reformar el sistema a fin de aportar menos recursos a la Federación y conservarlos para atender la pandemia.
El gobernador de Nuevo León, motor industrial del país, llegó al encuentro con pocas expectativas, asegurando que las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) “nunca han servido para nada”.
Pero a la salida del encuentro publicó un mensaje más conciliador en Twitter: “Los gobernadores que conformamos la Alianza Federalista nos hemos unido no para confrontar ni polarizar, sino para colaborar y ayudarle a México y a usted, señor presidente”.
Consenso sobre la gestión sanitaria
El otro gran tema sobre la mesa era el de la gestión sanitaria por la pandemia, que lleva 531 mil 239 casos confirmados y 57 mil 774 muertes de COVID-19 en México, tercer país del mundo en decesos, solo superado por Estados Unidos y Brasil.
En el ojo del huracán estaba el semáforo epidemiológico que cada 15 días actualiza la Secretaría de Salud federal y que determina mediante cuatro colores (rojo, naranja, amarillo, verde) el grado de reapertura económica y social en cada estado según su situación sanitaria.
El último en levantar la voz fue el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien rebatió a las autoridades federales por pintar a su estado en rojo, es decir máximo riesgo de contagios, lo que conlleva el cierre de la economía no esencial, y aseguró que el estado seguirá en naranja, con la economía no esencial abierta a medio gas.
Tras el encuentro de este miércoles, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, anfitrión de la reunión, anunció el “consenso” entre Gobierno federal y los estatales para que dicho semáforo tenga “una naturaleza orientadora” y no obligatoria.
En la cumbre no estuvo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, encargado del diseño del semáforo y de la estrategia sanitaria del Gobierno federal, quien goza del pleno respaldo del presidente pese a la petición de renuncia que hicieron nueve estados.
La corrupción sobrevuela la cumbre
Como era de esperar, la cumbre del presidente y los gobernadores no pudo evitar los efectos del terremoto político que ha generado la extradición el mes pasado del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la trama Odebrecht.
Para reducir su pena, Lozoya ha implicado en los sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).
Unas acusaciones que López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha pedido en reiteradas ocasiones que se den a conocer ampliamente.
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez (PAN), tuvo que salir al paso en una conferencia de prensa previa a la reunión en la que negó que en 2013 recibiera sobornos para aprobar la reforma energética de Peña Nieto.
Mientras que en el interior de la cumbre, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca (PAN), investigado por presunto lavado de dinero del narcotráfico, estalló acusando al Gobierno federal de darle “bofetadas” y perseguirlo con fines electorales.
No somos un Gobierno sectario, por lo que hay un trato igualitario y se respeta el derecho a disentir”, expresó Sánchez Cordero en la conferencia de prensa.
Con información de EFE
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