El debut de las candidaturas independientes en las elecciones del 7 de junio anuncia un tsunami. Las aguas del rechazo a la partidocracia encontraron su rendija en la presa y le abrieron boquetes que serán avenidas. Es una nueva realidad electoral que rebasó con mucho los márgenes de la legislación que la contiene. Para empezar, … Continued
El debut de las candidaturas independientes en las elecciones del 7 de junio anuncia un tsunami. Las aguas del rechazo a la partidocracia encontraron su rendija en la presa y le abrieron boquetes que serán avenidas.
Es una nueva realidad electoral que rebasó con mucho los márgenes de la legislación que la contiene. Para empezar, reventó las mezquinas previsiones de financiamiento para estas candidaturas y exhibió, por contraste, los excesos del gasto partidario.
Lorenia Canavati, candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Garza García, recibió 21 mil 48 pesos de financiamiento público para su campaña, mientras sus contrincantes con partido recibían 992 mil: 47 veces más.
Lo que puede anticiparse es que esa inequidad difícilmente podrá subsanarse con dinero público. La avalancha de candidaturas independientes hinchará de más la bolsa.
Ecuación imaginable: una vez abierta la puerta, no habrá dinero público que alcance para financiar a todos los mexicanos que quieran competir en adelante por fuera de los partidos.
La ecuación inversa es más manejable: si los candidatos independientes pudieron competir y ganar con una 47ava parte del dinero que se da a los partidos, por qué estos no pueden reducir 47 veces sus gastos.
El dilema financiero de la equidad es: o extendemos la bolsa de salida que se da a los partidos a todos los candidatos independientes que se presenten o reducimos la bolsa al rango de lo que los independientes han necesitado para competir: 47 veces menos.
Otra opción es, como dictaminó ya la Sala Regional de Monterrey del tribunal electoral, que los independientes consigan el dinero que les falta de fuentes privadas.
Esto rompería con un principio fundacional de la democracia mexicana, a saber: que solo se vale el financiamiento público, con un pequeño margen privado.
Quizá es este principio sagrado el que deberíamos revisar de una vez por todas: la exclusividad y el tamaño del financiamiento público.
En lo fundamental, porque es un principio que no se cumple. Nuestras elecciones rebosan de dinero público y privado no autorizado por la ley, ni previsto en aquel principio, que crea un mercado negro y deja fuera el mundo real.
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