La muerte del migrante mexicano Onoval Pérez Montufa es el tercer deceso debido al COVID-19 bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)
Familias de migrantes claman a una jueza de Estados Unidos hacer cumplir los protocolos contra COVID-19 en tres centros migratorios del sur de Florida como parte del juicio previsto para 2021 contra estas instalaciones y angustiadas por la reciente muerte del mexicano Onoval Pérez Montufa en una de ellas.
El migrante, de 51 años, es el tercer deceso debido al nuevo coronavirus bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos y el primero en Florida, que se perfila como epicentro del virus en el país.
“La pandemia mata” es el mensaje que la cubana Annette Villa quisiera dirigirle a la jueza Marcia Cooke, que programó para enero de 2021 el juicio contra ICE por su manejo de la pandemia en las instalaciones para inmigrantes de Krome, Glades y Broward, en el sureste de Florida.
Villa explicó a Efe que teme por la vida de su esposo Nanses Peñalver debido a que padece de asma y es hipertenso.
El cubano hace parte de la demanda colectiva presidida por la jueza Cooke, que en un fallo inicial determinó que “hay suficiente evidencia” para concluir que las condiciones en los tres centros de detención demandados constituyen “una violación de los detenidos”.
La muerte de Montufa, ocurrida el domingo pasado en el centro de Glades, tiene preocupados a los familiares de indocumentados del sureste de Florida, que han denunciado innumerables traslados de sus parientes en plena pandemia, ausencia de medidas sanitarias de protección e incluso maltrato a algunos de ellos.
La jueza Cooke también ha criticado durante el proceso que ICE no ha cumplido “satisfactoriamente” los protocolos sanitarios contra la pandemia, que en Florida mantiene su foco de infección en el sureste, donde se concentra la gran mayoría de los más de 300 mil casos confirmados y de los 4 mil 521 decesos.
Villa se quejó que desde marzo pasado su esposo fue trasladado ocho veces sin las precauciones entre centros de Luisiana y Florida y recordó que antes de la pandemia sufrió un ataque de asma en uno de más de una decena de centros de detención en los que ha estado desde su ingreso a EE.UU. por la frontera con México en mayo de 2019.
“Es un atropello contra esos seres humanos que vienen a buscar la libertad, no hay humanidad”, se lamentó.
“Que salgan con grilletes, que les permitan conservar la vida”, pidió la cubana, al solicitar que los dejen salir de los centros de detención con un monitor electrónico.
Para María Bilbao, activista del grupo migratorio United We Dream, se trata de una “bomba de tiempo” ante la cual “la Justicia tiene que actuar más rápidamente”.
“Bajo la realidad de la COVID-19, las condiciones en los centros de detención son más peligrosas que nunca para los que están detenidos”, subrayó Bilbao.
Migrantes sin derechos
“Es muy triste ver que a los inmigrantes le violan todos los derechos”, indicó por su parte la colombiana Verónica Ruiz, que tiene a su hijo de 26 años detenido en Glades.
Denunció que no se están siguiendo las pautas de distanciamiento en esta institución y que de un día para otro llegan de 25 a 50 detenidos más de otros centros en los que se han detectado contagios, según le cuenta su hijo, que dio positivo de la COVID-19 en mayo pasado.
Entre tanto la cubana Norlys Grillo aseguró que además del incumplimiento de los protocolos sanitarios propios del COVID-19, su sobrino presenció maltrato y abuso a cubanos que no entendían inglés por parte del personal del centro de detención.
Señaló que se dirigían a uno de ellos en inglés como “la vaca que tiene el ojo negro (golpeado)”, y los que sí entendían el idioma se sentían mal, pero no decían nada para evitar represalias.
Grillo logró sacar a su sobrino de 27 años de un centro de detención de Florida esta semana gracias a una fianza de 20 mil dólares, pero señaló que de todos modos el cubano está en un “limbo” migratorio.
Recordó que muchos de los cubanos tienen orden de deportación, pero debido al COVID-19 la isla no los está recibiendo por ahora.
Demanda colectiva en veremos
Estas familias tenían puestas las esperanzas en una decisión de la jueza Cooke, que ordenó en abril pasado reducir en un 75 por ciento el número de detenidos en los tres centros de Florida y que instó a ICE a considerar que en su gran mayoría son “detenidos civiles, no presos criminales condenados”.
Sin embargo, ICE optó por trasladarlos en vez de liberarlos. A esa estrategia se sumó la frustración del juicio, que fue programado para enero del próximo año.
El proceso legal, apoyado por varios grupos de derechos civiles, entre ellos el Southern Poverty Law Center (SPLC), fue presentado inicialmente por 58 migrantes y después se amplió a demanda colectiva en busca de la liberación “inmediata” de los detenidos en los tres centros.
“Este es un tema que no puede esperar, están dilatando mucho la demanda, es un virus bien agresivo”, manifestó Grillo, quien es asistente de cirugía.
“Cuando ocurra (el juicio), muchos de ellos habrán sido deportados o muchos de ellos ya serán cadáveres”, se lamentó la cubana.
Hasta el lunes pasado había mil 72 detenidos en los tres centros, según ICE.
Además de Pérez Montufa, el primer migrante muerto en Florida de COVID-19 bajo la custodia de ICE, también han perdido la vida el salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía, de 57 años, en California, y el guatemalteco Santiago Baten Oxlaj, de 34, en Georgia.
Con información de EFE
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