Con lo poderoso que parece, el gobierno de AMLO está hoy en manos de otro poder. Luego de dos años de cambios legislativos, la constitucionalidad de su proyecto está en manos de lo que diga la Suprema Corte
La votación contra la llamada ley Bonilla nos recuerda lo mucho que le falta juzgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre decisiones de este gobierno.
Se diría, por la simple acumulación de fallos pendientes, que vivimos en una especie de provisionalidad constitucional. Están impugnadas ante la Corte, y ésta debe resolver si son constitucionales, las siguientes leyes recientes:
La Ley de Remuneraciones del Sector público, por invadir facultades de los otros poderes constitucionales para establecer sus propias remuneraciones.
La Ley de Austeridad Republicana, que impide a los funcionarios públicos emplearse en el sector privado hasta 10 años después de haber tenido un puesto en el gobierno, lo que limita el derecho a elegir libremente un empleo.
La Ley Orgánica de la Administración Pública que introdujo figuras como los superdelegados, atentatoria de la soberanía de los estados.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que autoriza la expropiación de bienes sospechosos de tener procedencia ilícita.
La reforma legal que equipara ciertos delitos fiscales con delincuencia organizada y los castiga con prisión preventiva.
Los presupuestos federales de 2019 y 2020, por diversas reasignaciones lesivas a derechos previos.
La supresión del programa de Estancias Infantiles.
La ley que crea la Guardia Nacional y la de Uso de la Fuerza Pública, por atentatorias de los derechos humanos y las garantías individuales.
La Ley General de Educación, porque obliga a los estados a hacerse cargo de la enseñanza básica sin establecer reglas de distribución de los recursos federales.
También importante es la lista de amparos pendientes de solución por la Corte: contra la cancelación del NAIM, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la depredación ecológica de la refinería de Dos Bocas.
Vistas juntas, las leyes y decisiones impugnadas forman el corazón de la llamada cuarta transformación. Para todo efecto jurídico, tenemos un gobierno sujeto a revisión constitucional en sus propósitos sustantivos.
Con lo poderoso que parece, el gobierno de AMLO está hoy en manos de otro poder. Luego de dos años de cambios legislativos, la constitucionalidad de su proyecto está en manos de lo que diga la Suprema Corte.
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