El director general de Andivyl, denunció el crecimiento del mercado ilegal de bebidas alcohólicas en el país
Iñaki Landáburu Llaguno, director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores (ANDVyL), denunció el crecimiento del mercado ilegal de bebidas alcohólicas en el país en el que participan empresas formales.
Landáburu Llaguno quien también funge como director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas señaló que actualmente dicho mercado representa ventas ilícitas por casi 21 mil millones de pesos al año, es decir, 43 por ciento de las ventas legales, lo que implica una pérdida fiscal de seis mil 385.7 millones de pesos.
Las operaciones son parte de empresas importadoras y distribuidoras de vinos y licores, con lo que se sustenta que hay contrabando, subvaluación y evasión fiscal en este sector, lo que genera una competencia desleal.
En ese sentido, el representante de ambos organismos reveló que trabajan con autoridades de la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para combatir el contrabando.
De acuerdo con el directivo, en este ilícito están involucradas empresas nacionales, importadoras y distribuidoras de vinos y licores que aplican un “contrabando técnico”, y operan desde Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, importando con facturas subvaluadas la mercancía desde países como Panamá y Venezuela.
Iñaki Landáburu tiene conocimiento de que las ventas de estos productos se hacen desde el estado de Nuevo León, e incluso algunas empresas como “Linio” lo hacen a través de Internet y entregan en casa, sin factura, sin desglose de impuestos.
El líder empresarial mencionó que otras empresas que operan de esta forma son Distribuidora de Vinos y Licores Álamo y Coproimports, así como tiendas Five Liquor Store.
Existe un acuerdo de colaboración con el SAT que debe reactivarse y que busca prevenir, identificar y llevar a cabo acciones tendientes a combatir la producción, importación y venta de bebidas alcohólicas, gracias al nuevo marbete que se utiliza.
Dicho acuerdo, detalló, implica la colaboración de la autoridad tributaria para solucionar los problemas en materia administrativa y de carácter fiscal del sector.
Así como el intercambio de información sobre importación de bebidas alcohólicas y de materia prima, para identificar posibles irregularidades a las leyes fiscales y de comercio exterior.
Por tanto, existe un sustento legal para hacer las solicitudes tanto al SAT como a la Profeco para controlar el contrabando, la subvaluación y la evasión de impuestos.
Redacción
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