Opacidad e infodemia

Hugo López-Gatell se incrustó en la Cuarta Transformación por su conocimiento de la estructura del Seguro Popular, pero sobre todo por su acoplamiento a la estrategia nacional contra las adicciones, uno de los programas consentidos en Palacio Nacional y pieza clave en el plan para pacificar al país ideado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Abrazado a esas banderas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud había transitado el primer año del sexenio con discreción y decorosos resultados. Y así hubiera quedado, pues los expertos en salud pública saben que para considerar exitosa a una campaña como Juntos por la Paz, debe llegar al menos a 80% de la población. Ni los tiempos oficiales, ni las pautas autorizadas por Jesús Ramírez Cuevas, ni los spots de “alto impacto” sirvieron para posicionar sus contenidos entre la población.

El coronavirus modificó —para bien y para mal— el rumbo de esa estrategia de comunicación. Los últimos dos meses registran un aumento considerable en el consumo de noticias. Y mientras que la televisión y la Internet son los medios más buscados por la gente, los periódicos han registrado una baja, atribuible a los problemas de distribución generados por las medidas de distanciamiento social.

La contingencia sanitaria ha reafirmado las tendencias de los hábitos del consumo informativo: las personas mayores ven y escuchan noticias en los medios electrónicos; los jóvenes, en las “benditas redes sociales”.

En la fase 2, a la narrativa oficial se ha opuesto otra información, que cuestiona las acciones gubernamentales y —sobre todo— evidencia la desprotección del personal sanitario, las carencias de insumos y las fallas en la reconversión hospitalaria, principalmente las compras de pánico de ventiladores.

Las percepciones del peligro, más que el riesgo actual, son las que determinan la respuesta de la gente a las crisis. Y tan importante es la fuente de la información, como los medios a través de los cuales, la gente obtiene información acerca de la pandemia. ¿Y la transparencia gubernamental? En vísperas del arranque de la fase 3 quedan dudas sobre la capacidad del aparato institucional para monitorear y registrar los casos “sospechosos”; para prevenir el contagio entre poblaciones de alto riesgo o grupos vulnerables; y para completar a tiempo la reconversión hospitalaria.

De la confianza al escepticismo, López-Gatell enfrenta cuestionamientos de diversa índole, sin contar con más capacidades que su apostura. Y mientras llega la fase 3, el briefing vespertino ha declinado a una sesión propagandística con un formato que admite muchas preguntas colocadas y anula a comunicadores “hostiles”.

¿Serán útiles las clases diarias sobre el aparato sanitario con PowerPoint? El subsecretario, en el rol de moderador de la conferencia, dejó a sus colaboradores más cercanos la presentación de las cifras sobre los casos “sospechosos” y “confirmados”, aunque en la última semana han tenido que incorporar nuevos indicadores, ante el cúmulo de señalamientos por la cifra oculta del sistema centinela.

Los funcionarios federales no han sido totalmente transparentes sobre las limitaciones de los datos expuestos diariamente durante la fase 2. Y es que la aplicación restringida de las pruebas de confirmación provocaron una distorsión —miles (¿o decenas de miles?) de personas contagiadas quedaron marginadas de la estadística oficial— que ya se refleja en el registro de decesos.

La propagación del Covid-19 ocurre lentamente, gracias a las medidas de mitigación. ¿Los registros reflejan la realidad? Pronto, la ciudadanía deberá reducir al mínimo sus actividades, por lo menos dos semanas. Y después asistirá al pico de la pandemia.

Efectos secundarios
CONGELADOS. El Pleno del INAI, ahora con cinco comisionados, celebró su primera sesión “virtual” ayer y en el desahogo de los pendientes, decidió rechazar la petición de un colectivo de ONG que instaba a no prolongar la suspensión de términos y plazos en el trámite de las solicitudes de información y resolución de recursos de reclamación, suspendidos hace dos semanas. La decisión, destacó el comisionado Oscar Guerra Ford, busca preservar la salud de los servidores públicos que laboran en el INAI y en los sujetos obligados, ante el riesgo que representa la propagación de Covid-19.

DESORDENADOS. Estados Unidos salió al quite, en la negociación del recorte histórico a la producción de crudo pactada en el seno de la OPEP+, a finales de la semana pasada. Y ahora se sabe —por la prensa española— que empresas mexicanas suscribieron hace un mes un contrato con la PVDSA, la petrolera del gobierno venezolano, para entregarle 5 millones de barriles de petróleo crudo a cambio de una cantidad de litros de gasolina que se decidirá a futuro. El canje del combustible ya refinado por crudo venezolano, de acuerdo con lo publicado ayer en el diario madrileño ABC, ocurriría entre el 25 de marzo y el 25 de julio en las costas de Turquía. Jomadi Logistics & Cargo fue fundada en Guadalajara en el 2012, pero apenas en septiembre del 2016 obtuvo la autorización para comercializar petrolíferos.