Los moderados de la 4T entendieron que ni la rendición de cuentas ni la atención de las víctimas de la violencia institucional tendrían verdugos implacables mientras el Poder Judicial y los órganos autónomos siguieran capturados por personeros del pasado; su limpia entrará en un impasse por causas de fuerza mayor
Empeñado en repetir los fiascos del pasado, Andrés Manuel López Obrador mantuvo los rituales de la Cuarta Transformación y escueto, entre dificultades económicas y urgencias sanitarias, presentó ayer su informe trimestral.
En el Patio Central de Palacio Nacional, escoltado por guardias militares, ausente de autocrítica, insuflado en su retórica, sin novedades, el presidente compareció en medio de la incertidumbre por los estragos del coronavirus. Una “crisis transitoria” que no permite reversas o contradicciones. Para enfrentar la tormenta, AMLO propuso más inversión, pleno empleo y austeridad republicana.
Negado a rescatar a los patrones, el Ejecutivo federal también se ha cerrado a la posibilidad de cancelar las megaobras —el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya—, mientras ha traspuesto la reconversión hospitalaria al mando castrense, convertidas en el principal puntal de su mandato.
¿Y los 30 millones de votos que lo llevaron a la silla del águila? La reactivación de la economía mexicana es secundaria, para la Cuarta Transformación. El teorema lopezobradorista, refraseado: primero, el bienestar del pueblo. Y ahora, en plena contingencia, un programa emergente para el bienestar y el empleo, que mantendrá “inalterable” las acciones de los programas sociales.
Paradojas de la oposición, en tiempos de la 4T: la “sana distancia” de la bancada panista en San Lázaro franqueó a la mayoría morenista, en la aprobación de la reforma al Artículo IV de la Constitución, que ayer presumió AMLO como el logro más importante de los 14 meses de su administración.
Ni la oposición partidista ni la amplia franja de activistas, intelectuales y empresarios que renegó el triunfo de la izquierda radical en el 2018 habían entendido las prioridades de Palacio Nacional: borrar la herencia de los megaproyectos peñistas —el NAIM, por supuesto, pero también los contratos de la reforma energética— era impostergable. Pagar a los acreedores, sin contraer deuda externa, implicaba activar un plan radical de ahorros, más que una persecución implacable contra la dilatada corrupción peñista.
Los moderados de la 4T entendieron que ni la rendición de cuentas ni la atención de las víctimas de la violencia institucional tendrían verdugos implacables mientras el Poder Judicial y los órganos autónomos siguieran capturados por personeros del pasado; su limpia entrará en un impasse por causas de fuerza mayor.
A pesar de las adversidades, no se detendrá AMLO en su propósito de sanear al país. Nadie entiende la negativa del Gobierno de la República de conceder estímulos fiscales o impulsar medidas contracíclicas para mitigar los efectos de la recesión económica en ciernes. Y menos, por el decreto presidencial de emergencia sanitaria que obligó al cierre de plantas industriales.
“El gobierno federal nos está pidiendo lo imposible: pagar 100% de impuestos y contribuciones, teniendo cero ingresos. Nadie está obligado a lo imposible, sin embargo, los afiliados de Canacintra vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por mantener (los) empleos… Si caen las pequeñas y medianas empresas, cae México”, alertaban los directivos de esa organización —los cuales generan 52% del PIB y 72% de los empleos formales— en la víspera del informe en Palacio Nacional. Los industriales afiliados a esa organización.
Justo hace un año, la cúpula empresarial creía que la administración lopezobradorista haría “lo imposible” y aceptaría continuar con las obras del aeropuerto internacional en Texcoco. Los recortes permitieron desplegar las acciones destinadas a la población más pobre y vulnerable, pero también liquidar las indemnizaciones a las empresas afectadas por la 4T. Sin aeropuerto de primer mundo y con la peor crisis en la historia de la aviación moderna, la Canaero calculó que la industria aeronáutica mexicana perderá 30,000 millones de pesos. “Tenemos que cuidar el flujo de caja de las aerolíneas, porque se está acabando”, alertó el director general de ese gremio, Luis Osorio, “y sin ello, no habrá operaciones, aeropuertos ni cadenas de suministro aéreas”.
Si la cúpula empresarial no pudo convencer al presidente por las buenas en esos temas, menos por las malas. Antes del informe trimestral, vino una cascada de reproches ante la falta de visión política y económica del presidente, quien rechazó convocar a un Acuerdo Nacional para superar la crisis y establecer las bases para una nueva etapa de crecimiento y prosperidad.
En vez de eso, el programa emergente para el bienestar y el empleo. Nada de un viraje a la política económica. Y queda la incógnita sobre el plan para contener el contagio del Covid-19, sobre todo por el “estado ruinoso” del sistema de salud pública.
Irremediablemente, México entra a una “crisis transitoria” con un gobierno capaz de sumar, menos de corregir.
Efectos secundarios
SOSPECHAS. Sancionada, la licitación LA-009JOU001-E29-2020, para el aseguramiento de obra civil terminada, bienes patrimoniales, flotilla de vehículos y usuarios de Capufe y Fonadin. Y las quejas por la asignación a GNP no se hicieron esperar… contra los funcionarios que condujeron el procedimiento, principalmente contra la directora de Administración y Finanzas Guadalupe Cano Herrera.
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