La Corte Suprema y el Congreso de El Salvador intensificaron sus esfuerzos este lunes para hallar una salida pacífica a la crisis en ese país
La Corte Suprema y el Congreso de El Salvador intensificaron sus esfuerzos este lunes para hallar una salida pacífica a la crisis en el país, después de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera en el Parlamento escoltado por militares, acto que los diputados consideraron un “intento de golpe de Estado“.
Luego de que el Bukele ingresará el domingo al Congreso con militares y policías armados con fusiles de asalto para exigir la aprobación de un polémico préstamo que financie un plan de seguridad contra las pandillas, el tribunal ordenó hoy al mandatario abstenerse de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo el sistema constitucional.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema mandó que el presidente evite “hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, representativo y democrático”.
La reacción del alto tribunal fue celebrada por los diputados con gritos de “¡Viva la democracias”, durante una sesión extraordinaria que se instaló para aprobar un pronunciamiento ante lo sucedido el domingo, un hecho inédito tras décadas de dictaduras militares y una guerra civil de 12 años (1980-1992).
Condena unánime del Congreso
Los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora y constantemente enfrentados por su origen ideológico, condenaron de forma unánime lo que llamaron un “intento de golpe” de Estado.
“Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa”, dijo en rueda de prensa el presidente del Parlamento, Mario Ponce.
Ponce hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), al salir de una reunión privada de más de cinco horas con los líderes de los partidos políticos que integran el Congreso.
El jefe del Parlamento aseguró que no cederán a la “amenaza” de Bukele de regresar el próximo domingo sino aprueban los cuestionados fondos para el plan de seguridad.
Diferentes partidos con representación en el Congreso, incluso aliados de Bukele, rechazaron la ocupación militar y varios legisladores pidieron al fiscal general, Raúl Melara, que investigue los hechos y deduzca si se cometió algún delito.
“Nuestra posición es que hay que respetar el rol de cada órgano de Estado” y “nunca hemos trabajado a presión”, dijo escuetamente a periodistas el diputado Guadalupe Vázquez, de GANA y uno de los constantes defensores de las iniciativas de Bukele.
Los parlamentarios llamaron, además, a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a “activar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo”.
Bukele insiste en préstamo
Bukele, por su parte, criticó a los diputados por suspender la sesión, convocada desde la semana pasada y en la que se buscaría aprobar el polémico préstamo para el plan de seguridad, y restó importancia a las alarmas por su ingreso con soldados fuertemente armados al órgano Legislativo.
“Los diputados están ofendidos. Así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy” y “lo que no entiendo, es como hay gente que los defiende. Aunque sean una minoría”, dijo el presidente.
Desde el viernes pasado, el mandatario convocó a los ciudadanos a presentarse el domingo a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar y exigir la aprobación de ese préstamo, que no ha sido avalado porque integrantes de la Comisión de Hacienda aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.
Las pandillas, fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes estrategias de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.
Rechazo a militarismo
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, rechazó también la ocupación militar del Congreso, pese a que Bukele es el presidente salvadoreño más cercano con ese país en varios años de distanciamiento.
“No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa (de) ayer y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia”, advirtió el diplomático al llamar al diálogo.
Mientras un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de la comunidad LGTBI y feministas se concentraron la tarde de este lunes en la Plaza Salvador del Mundo para manifestar su rechazo a la militarización en el Congreso y en defensa del Estado laico.
Las organizaciones expresaron que Bukele, “electo democráticamente, realizó un uso desmedido de las fuerzas militares y policiales para obligar a los diputados a votar por un préstamo de 109 millones (…) este hecho demuestra la incapacidad de los representantes de los órganos Legislativo y Ejecutivo para utilizar los mecanismos ordinarios existentes para la toma de decisiones”.
Con información de EFE
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