Este lunes, Jeanine Áñez expulsó a la embajadora mexicana en La Paz y junto a ella a dos diplomáticos españoles, acusándolos de dañar la soberanía de Bolivia
Un nuevo episodio en la tensión diplomática entre Bolivia y México ocurrió este lunes tras la decisión del Gobierno interino de Jeanine Áñez de expulsar a la embajadora mexicana en La Paz y junto a ella a dos diplomáticos españoles, acusándolos de dañar la soberanía boliviana.
Áñez compareció ante los medios en La Paz para anunciar que su gobierno decidió declarar “personas no gratas” a la embajadora de México, María Teresa Mercado, a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a otros funcionarios.
La presidenta interina les pidió que abandonen Bolivia en 72 horas al sostener que “este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia”.
“La conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias”, manifestó.
EL DESENCADENANTE
Las relaciones ya estaban tensas desde que en noviembre pasado México concedió asilo al expresidente Evo Morales y a algunos exfuncionarios de su Gobierno en la residencia en La Paz.
La tensión escaló aún más y sumó a España después de que el gobierno interino denunciara el pasado viernes que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de “encapuchados” a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, donde se encuentran asilados algunos exministros bolivianos requeridos por la Justicia.
Las autoridades bolivianas aseguraron entonces que intentaron ingresar de forma “clandestina” a la residencia mexicana y consideró que hubo “atropellos” a su soberanía por el incidente.
El suceso fue interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a exministros acusados de delitos como terrorismo por el Gobierno de Áñez.
LA REACCIÓN DE ESPAÑA
Horas después del anuncio de Áñez, el gobierno español respondió “en reciprocidad al gesto hostil” del Ejecutivo interino boliviano declarando personas no gratas al encargado de Negocios de la embajada boliviana, Luis Quispe, el agregado militar Marcelo Vargas y el agregado policial Orso Fernando Oblitas.
Los tres funcionarios fueron designados durante la gestión de Evo Morales, según ha indicado la Cancillería boliviana.
España ha exigido al gobierno de Áñez que “reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación” entre ambos países.
También ha rechazado “tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos” de Bolivia y ha aclarado que “cualquier afirmación en este sentido” constituye “una calumnia dirigida a dañar” las relaciones bilaterales entre ambos países “con falsas teorías conspiratorias”.
El gobierno de Madrid ha negado en todo momento que haya tratado de facilitar la salida de los exfuncionarios bolivianos de la residencia mexicana y ha mantenido que la visita de sus dos diplomáticos fue de “cortesía” e iban acompañados de “personal de seguridad” para su propia protección.
Una explicación que para el gobierno interino de Bolivia es “inconsistente”, si bien las autoridades nacionales han aclarado que no se busca romper relaciones con ninguno de estos países, sino de que acrediten a nuevos funcionarios en reemplazo de los expulsados.
Con información de EFE
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