Debido a que la gasera donde trabajaba el chofer logró un acuerdo reparatorio, se puso fin al proceso penal para él
En entrevista en el espacio radiofónico de Joaquín López-Dóriga, el procurador de Justicia del Distrito Federal, aclaró la situación jurídica que tiene en estos momentos el chofer de la pipa de Gas Express Nieto, causante de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa el pasado 29 de enero.
“No es que haya sido exonerado, sino que en este nuevo sistema penal, una de las finalidades es la restauración del daño”, explicó el procurador.
Comentó que debido a que la gasera donde trabajaba este chofer logró un acuerdo reparatorio, se pone fin al proceso penal.
“Por lo tanto, como todas las personas llegaron a un acuerdo, la juez extingue la acción penal, no es que no tenga una culpa, sino que con la reparación del daño a los ofendidos, se extingue el proceso”, señaló.
Fernando Ríos dijo que algunos podrían pensar que no se aportaron pruebas, pero aseguró que no fue el caso, sino que como se llevaron a cabo los servicios reparatorios, “no hay un juicio que se siga sobre él (el chofer). Llegaron a un acuerdo reparatorio con la gasera y no hay ya ninguna acción por ese motivo”.
Aclaró que sí se tipificó un delito y hay una vinculación con el chofer. “A él se le había impuesto una medida cautelar que queda sin efecto, el chofer ya no tiene ninguna responsabilidad”.
Dijo que el chofer estaba en libertad desde el principio, pues así lo había permitido la jueza de control, “pero con esto no tiene por el momento ningún juicio, no está sujeto a ningún proceso”, ratificó.
Sin embargo, resaltó que todavía hay un desglose de unas personas por los daños. “Hay una vinculación de proceso de dos personas, las encargadas de mantenimiento y la gasera por el tema del hospital”.
Reveló que la gasera continúa en proceso junto con dos personas de mantenimiento, y “hay una plática para llegar también a un acuerdo reparatorio”.
Expuso que derivado de la reforma penal de 2008, se aplica este sistema de acuerdo reparatorio que entró en vigor el 16 de enero para delitos culposos o querella.
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