No es casualidad que en cuestión de horas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya liberado información comprometedora que también incluye a personas y empresas beneficiadas por la condonación de impuestos
“Y entonces me pregunto en qué clase de sociedad vivimos,
qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad,
y al hambre de los pueblos se le considera subversiva”: Ernesto Sabato.
Durante los últimos 30 años, el aparato gubernamental se reconstruyó para crear y recrear cotos y espacios de poder que benefician política y económicamente a grupos e individuos que surgieron tras el proceso de transición que se generó a partir de la contienda presidencial de 1988, en donde Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas se disputaron la Presidencia de la República.
El proceso de “modernización” impulsado por Salinas después del fraude electoral, se tradujo en una serie de acciones privatizadores en las que entregó al mejor postor, activos y empresas del gobierno a empresarios nacionales y extranjeros, algunas de ellas muy productivas como es el caso de Telmex.
Para el efecto, y en términos de blindaje político, económico y legal, el priismo modernizador comenzó a sellar alianzas con los sectores más diversos y contradictorios de la sociedad. Con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, las alianzas se lacraron como patente de corzo. Ernesto Zedillo abrió otros flancos: se alejó de su partido, se confrontó con su antecesor y se acercó al PRD.
En el trayecto, operadores políticos, legales y económicos se afianzaron en las transiciones. A ese grupo de poder emergente que podríamos llamar el grupo de “Los Científicos” en alusión al grupo de poder que acompaño a Porfirio Díaz durante su gobierno, se nutrió de elementos del PRI, del PAN y hasta del PRD. Los Científicos entre quienes podríamos contar a Francisco Gil Díaz, José Antonio Meade, Diego Fernández de Cevallos, Elba Esther Gordillo y a Eduardo Medina Mora, entre otros, crearon las condiciones de operación que permitieron las transiciones desde el gobierno de Zedillo hasta lo que llamo la “Operación de Estado”, que permitió la llegada a la Presidencia de Felipe Calderón.
Seguramente, ninguno de ellos se reconocerá como parte de un grupo como el que aquí se define, pero por sus acciones específicas, ellos entre otros, contribuyeron desde el último tramo del gobierno de Ernesto Zedillo hasta el gobierno de Felipe Calderón, a crear los espacios de poder e impunidad que hoy se están derrumbando.
No es casualidad que en cuestión de horas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya liberado información comprometedora que también incluye a personas y empresas beneficiadas por la condonación de impuestos, y que un Ministro de Justicia, Eduardo Medina Mora, vigente en el poder desde el sexenio de Vicente Fox, haya renunciado por los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por operaciones financiera que apuntan hacia el delito de lavado de dinero.
El Presidente López Obrador se ha comprometido a combatir los grandes males que aquejan a la sociedad mexicana: corrupción, impunidad, inseguridad y el poco crecimiento económico. Estos problemas conllevan costos para todos. De manera específica, corrupción e impunidad cuestan al país más de 7 mil 218 millones de pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Derrumbar la impunidad y crear un orden nuevo implica corregir y castigar. En esta narrativa, Manuel Bartlett y Yeidckol Polevnsky, terminan sembrando la duda. El discurso oficial, reactivo con sus opositores y benévolo con sus afines, reproduce la máxima jurista de “Para los amigos, justicia; para los enemigos, la ley a secas”. Insano para la cuarta T, que al final del sexenio, veamos minimis de Medina Mora o de Diego Fernández. Nadie en su sano juicio votó por ello. Como dirían en la cuadra: Todos coludos o todos rabones.
De la libreta
1. Dicen los que saben, como decía mi compañero y amigo, Agustín Granados, que detrás de los anarcos están metidas las manos de funcionarios de la propia Secretaría de Seguridad de la Doctora Sheinbaum. Un apellido Izazola Álvarez.
@HectorHerreraAR
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