Olga Sánchez Cordero indicó que “no se puede atentar contra el principio de certeza jurídica”, tras resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal
Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral federal declaró válida de la elección del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por dos años y no por cinco, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero indicó que “no se puede atentar contra el principio de certeza jurídica”.
Tras participar en el foro “Maíz: Semilla de la Identidad Mexicana“, la encargada de la política interior del país sostuvo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya resolvió sobre el caso al validar la elección y pronunciarse por los dos años de gubernatura.
“Aunque tengo mis dudas si se extralimitó o no se extralimitó porque la Constitución obviamente fue modificada antes de la sentencia, pero no ha sido publicada; ahí hay un debate jurídico muy interesante, pero saben que los debates jurídicos de altura son los que deben prevalecer en nuestro país”, comentó.
Al preguntarle si la resolución del tribunal sobre el caso Bonilla desecha la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda reelegirse, Sánchez Codero respondió que el presidente de la República es la persona más democrática que ha conocido y por eso está con él.
Ayer el Tribunal Electoral federal confirmó la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California que contempla que los ciudadanos votaron por un periodo de gobierno de dos años, es decir, del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
Por unanimidad de votos, los magistrados confirmaron el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría, luego de impugnaciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos.
La Sala Superior destacó que la resolución avala un periodo de dos años para la gubernatura, como señala la Constitución estatal y de ese modo desechó los puntos relacionados dentro de su jurisdicción en torno al caso del gobernador electo.
Sin embargo, aún existe la llamada Ley Bonilla, una reforma del Congreso local que no ha sido promulgada y que de hacerlo podría general nuevas impugnaciones que tendrían que ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con información de Notimex
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